El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, solicitó una reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea para abordar la crisis migratoria en Ceuta y criticó la actitud de algunos Estados miembros.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que expresó su “grave preocupación” por la reacción de algunos gobiernos europeos ante los cruces irregulares masivos registrados en Ceuta, enclave español en el norte de África. En la misiva, Sánchez instó a la Unión Europea a convocar una videoconferencia extraordinaria de ministros del Interior para establecer una respuesta común ante situaciones similares.
Según el Gobierno español, alrededor de 50.000 migrantes entraron en Ceuta de forma irregular. Sánchez señaló que España restableció el control fronterizo en menos de 48 horas, brindó asistencia humanitaria y devolvió a la mayoría de los que cruzaron ilegalmente. También afirmó que estos esfuerzos fueron posibles gracias a la cooperación con las autoridades marroquíes y al apoyo de otros Estados miembros de la UE.
En su carta, Sánchez destacó que, si bien la mayoría de los gobiernos europeos expresaron solidaridad, otros optaron por “atacar a España” y pedir su exclusión temporal del espacio Schengen. El presidente español calificó esa reacción de “egoísta, polarizadora e ilegal”, y señaló que estaba impulsada “por prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos”.
El pedido de Sánchez se produjo tras uno de los mayores incidentes de migración irregular en la frontera sur de España. Según datos del Gobierno español, al menos 67 personas fallecieron durante la crisis, y más de 48.000 de los casi 50.000 migrantes que entraron en Ceuta regresaron a Marruecos en un plazo de 48 horas.
En respuesta a las críticas, Sánchez difundió cifras de Frontex sobre entradas irregulares entre 2021 y 2026, que indican que Italia encabeza la lista con 478.600 entradas, seguida de los Balcanes occidentales (340.600) y Grecia (259.800). Las críticas más fuertes provinieron de Finlandia y Polonia.