Un juzgado de Mercedes condenó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y a su aseguradora a indemnizar con 19 millones de pesos a un adolescente que sufrió acoso escolar entre 2011 y 2012. El fallo consideró que hubo “inacción institucional” que agravó el hostigamiento.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes dictó sentencia en una causa iniciada por una familia contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires por los hechos de acoso escolar que sufrió su hijo durante su paso por la escuela secundaria en una ciudad del centro-norte bonaerense. La resolución concluyó con una condena a la Provincia y a su aseguradora, aunque limitó el alcance de la indemnización y desestimó parte de los reclamos.
La demanda tuvo origen en hechos que se extendieron entre 2011 y 2012, período en el que el menor asistió a una escuela técnica y luego a una escuela secundaria básica. Según la versión presentada por la parte reclamante, el joven atravesó episodios de hostigamiento físico y verbal dentro del ámbito escolar, lo que habría desencadenado un deterioro en su salud psíquica y física.
Según consta en la sentencia, los padres del estudiante afirmaron que el acoso comenzó con burlas y agresiones por parte de un grupo de compañeros, motivadas por su desempeño académico. El relato incluyó empujones, golpes y un incidente en el que el joven recibió un impacto en el rostro con un borrador durante una clase, sin que las autoridades escolares adoptaran medidas disciplinarias.
La situación continuó con hostigamientos reiterados, agresiones físicas, amenazas y filmaciones de peleas dentro del establecimiento. La familia sostuvo que las autoridades escolares restaron importancia a los hechos y que las intervenciones institucionales resultaron insuficientes.
Ante la falta de respuesta efectiva, el estudiante dejó de asistir a clases por lapsos cada vez mayores. El cuadro clínico fue documentado por profesionales de la salud, que diagnosticaron un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo y síntomas de evitación social. El joven requirió tratamiento psicológico y psiquiátrico, además de apoyo educativo domiciliario.
En su defensa, la Dirección General de Cultura y Educación negó la existencia de acoso escolar sistemático, sostuvo que los incidentes fueron aislados y que las autoridades adoptaron las medidas adecuadas. La demandada planteó la existencia de una patología previa en el joven, alegando que la problemática central residía en una condición de fobia social no atribuible exclusivamente al contexto escolar.
El fallo analizó testimonios de excompañeros y profesionales, que confirmaron agresiones recurrentes, exclusión social, burlas y violencia física, así como la insuficiencia de las respuestas institucionales. El informe de la perito psicóloga oficial concluyó que el joven presentaba trastornos fóbicos y una neurosis fóbica en grado moderado, con una incapacidad parcial y permanente, aunque reconoció rasgos de vulnerabilidad previos.
El tribunal consideró probado que las autoridades y directivos del establecimiento, lejos de actuar con urgencia, permitieron que las agresiones persistieran al “naturalizar y normalizar” el trato violento entre pares. La ausencia de medidas preventivas y de contención fue señalada como un factor decisivo en el agravamiento del daño.
La sentencia condenó a la Provincia de Buenos Aires y a la aseguradora a pagar 19 millones de pesos, más intereses y actualización conforme el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC. El pago deberá efectuarse dentro de los sesenta días de quedar firme la liquidación.
En cuanto a los daños reclamados por los padres en su propio nombre, el tribunal rechazó la pretensión, al considerar que no se acreditó un perjuicio personal concreto que exceda las obligaciones parentales habituales. Tampoco hizo lugar al reclamo por lucro cesante.