La Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco solicitó formalmente intervenir como querellante particular en la causa judicial que investiga los hechos ocurridos en septiembre de 1933 en El Zapallar.
El gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicitó formalmente intervenir como querellante particular en la causa judicial que investiga la denominada “Masacre de El Zapallar”.
La presentación fue realizada este lunes 18 de mayo de 2026 por el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, ante la Justicia Federal. En el mismo sentido también se presentó el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Florencio Díaz. La causa busca reconstruir los hechos ocurridos en septiembre de 1933 en el entonces paraje El Zapallar -actual ciudad de General José de San Martín- donde integrantes del pueblo Moqoit habrían sido víctimas de una violenta represión.
Según las investigaciones históricas y judiciales, cerca de 300 personas de comunidades originarias, encabezadas por el cacique Luis Durán, se movilizaron desde Napalpí y otras localidades hacia El Zapallar en busca de alimentos y trabajo, en un contexto marcado por la sequía, el hambre y la extrema pobreza que atravesaban las comunidades originarias del entonces Territorio Nacional del Chaco.
El avance de la caravana habría sido interpretado como una amenaza por sectores de la población, situación que derivó en una intervención represiva por parte de efectivos policiales y civiles armados. Las estimaciones sobre la cantidad de víctimas varían entre decenas de muertos, además de numerosos testimonios que relatan desapariciones y muertes durante la huida hacia la zona del Río de Oro.
Uno de los testimonios fundamentales para reconstruir lo sucedido fue el de Pedro Balquinta, sobreviviente de la comunidad moqoit, quien también había sobrevivido a la Masacre de Napalpí.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos remarcaron que la causa representa un paso importante en la búsqueda de memoria, verdad y reparación histórica para las comunidades originarias chaqueñas, en el marco de una investigación que actualmente se desarrolla bajo la figura de delitos de lesa humanidad.
En 2026, descendientes de sobrevivientes comenzaron a declarar ante fiscales federales aportando testimonios y documentación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.