La Asesoría General de la Gobernación articula a los equipos legales del Ejecutivo provincial y firmó un convenio con la Facultad de Derecho de la UNNE y el Consejo de Abogados.
El Gobierno del Chaco presentó la Red de Abogados del Estado, una iniciativa impulsada por la Asesoría General de la Gobernación que busca consolidar un trabajo coordinado entre los profesionales que integran los equipos legales del Ejecutivo provincial. El lanzamiento incluyó la firma de un convenio de colaboración mutua con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Consejo de Abogados.
El asesor legal del Gobierno, Federico Valdés, acompañado de la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, explicó que la creación de la red forma parte de una planificación integral que la Asesoría General lleva adelante desde el inicio de la gestión. “Es una parte de una hoja de ruta que iniciamos desde la Asesoría General. Hemos conformado los equipos en sumarios, dictámenes, sentencias y control de los actos administrativos que luego tiene que suscribir el gobernador”, señaló.
Valdés destacó que uno de los principales objetivos es generar una mayor articulación entre los equipos legales de los distintos organismos provinciales. “En este trabajo de la red vamos a formar y trabajar en conjunto con todos los equipos legales de la provincia. Buscamos conformar criterios jurídicos y trabajar articuladamente. Necesitamos un trabajo con más sinergia para mejorar la calidad jurídica de la provincia”, afirmó.
En este sentido, remarcó que el adecuado respaldo jurídico constituye un componente fundamental de las políticas públicas desde su origen. “Queremos fortalecer el trabajo de los dictámenes de los equipos legales. Nada mejor que tener a la Facultad de Derecho y al Consejo de Abogados colaborando en la formación de los equipos”, sostuvo.
La propuesta contempla inicialmente a los equipos jurídicos de ministerios y secretarías y extiende la convocatoria a los profesionales de entes autárquicos y empresas del Estado. Además, se proyecta una segunda etapa que permita incorporar a los equipos legales de los municipios, ampliando el alcance de la red a todo el territorio provincial.
Capacitación, digitalización e inteligencia artificial
La modernización tecnológica constituye otro de los ejes centrales de la iniciativa. En este marco, se desarrollará una capacitación en Inteligencia Artificial (IA) destinada a los equipos técnicos, en conjunto con el ILAP de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También se implementará un programa de capacitación orientado a mejorar la gestión administrativa, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
“Es un trabajo largo mirando hacia adelante, con una dirección muy clara marcada por el Gobernador, que es mejorar el Estado, estar de cara al ciudadano y tratar de dar un mejor servicio todos los días”, remarcó Valdés.
La decana de la Facultad de Derecho de la UNNE, Mónica Anís, destacó el compromiso de la institución con la iniciativa y su impacto en el funcionamiento del Estado. “Estamos comprometidos con la modernización y la capacitación necesaria para mejorar el servicio jurídico en esta área. Esto tiene que ver directamente con el cuidado de la cosa pública”, expresó.
La Facultad pondrá a disposición su plantel docente, integrado por especialistas en distintas ramas del derecho, especialmente en materia administrativa, para aportar herramientas vinculadas con la transparencia, el control y la calidad de los procesos públicos.
Por su parte, el presidente del Consejo de Abogados, Miguel Vigier, valoró la posibilidad de sumar la experiencia del ejercicio profesional al fortalecimiento de la abogacía estatal. “La idea es sumarnos a capacitar y aportar desde nuestra experiencia, ya que muchos de nuestros abogados litigan ante el Estado y esa mirada sirve para retroalimentar el sistema”, manifestó.
Vigier también resaltó la incorporación de nuevas tecnologías como parte del proceso de modernización. “Hoy la Inteligencia Artificial es una herramienta diaria y, además del aspecto metodológico, debemos atender la cuestión ética”, sostuvo, y consideró que su incorporación puede “acelerar muchísimo la capacidad de respuesta de los profesionales y del Estado”.
La Red de Abogados del Estado se constituye así como una herramienta para consolidar equipos jurídicos más articulados, capacitados y preparados para acompañar las políticas públicas, fortaleciendo la seguridad jurídica, la transparencia y la eficiencia de la administración provincial.