El juez federal Fernando Carbajal procesó al exgobernador Jorge Capitanich, a la exministra Marta Elena Soneira y a otras cuatro personas en la causa que investiga la adjudicación de tierras fiscales en el Chaco. La resolución descartó las acusaciones por lavado, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.
La Justicia Federal procesó al exgobernador Jorge Capitanich, a la exministra Marta Elena Soneira y a otras cuatro personas en la causa que investiga la entrega de tierras fiscales del Chaco a empresarios vinculados comercialmente con la pareja de la entonces funcionaria.
La resolución fue firmada por el juez federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, quien consideró que existen elementos suficientes para investigar a Capitanich y Soneira como presuntos coautores de fraude contra la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
También fueron procesados Mauricio Ariel Cian, pareja de Soneira, y los empresarios Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón por presunto fraude al Estado.
Cuatro campos y 3.635 hectáreas bajo investigación
La causa se concentra en cuatro inmuebles rurales ubicados en el Departamento Almirante Brown, con una superficie total de 3.635 hectáreas. Dos parcelas contiguas, de 1.250 hectáreas cada una, fueron adjudicadas en 2023 a Storti y Bessone. Los expedientes se iniciaron el mismo día y contenían proyectos productivos con presupuestos, cronogramas y descripciones personales prácticamente idénticas.
Para el magistrado, esas coincidencias permiten sospechar que ambos empresarios actuaron de manera coordinada para acceder a una unidad productiva de 2.500 hectáreas. Los otros dos campos, de 512 y 623 hectáreas, fueron entregados a Pochón. Los tres beneficiarios mantenían vínculos comerciales con Cian en empresas dedicadas a la producción agropecuaria.
Carbajal aclaró que las compañías investigadas existían y desarrollaban actividades reales. El cuestionamiento judicial no está dirigido a su funcionamiento, sino a la manera en que se habrían tramitado y resuelto las adjudicaciones.
Sospechas sobre Marta Soneira
Uno de los puntos centrales del fallo es la intervención de Marta Soneira en expedientes que beneficiaron a socios comerciales de su pareja. La exfuncionaria fue presidenta del Instituto de Colonización y luego ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible. Según el juez, debió apartarse de los trámites debido a la relación existente entre Cian y los adjudicatarios.
La resolución sostuvo que existen “indicios serios, precisos y concordantes” de que los procedimientos administrativos pudieron utilizarse para concretar una decisión previamente adoptada.
Soneira rechazó haber favorecido a empresarios o familiares y sostuvo que las actuaciones respetaron la legislación provincial y fueron revisadas por los organismos de control. El juez entendió que sus argumentos no eran suficientes para desvincularla en esta instancia.
Por qué también fue procesado Capitanich
Capitanich sostuvo que su participación se limitó a ratificar decisiones tomadas por el Instituto de Colonización, tal como exige la normativa para las adjudicaciones superiores a 300 hectáreas. “El gobernador lo único que hace es ratificar las adjudicaciones”, argumentó el exmandatario, quien afirmó que esa intervención constituye una obligación legal y no una decisión discrecional.
El juez rechazó esa interpretación. Consideró que la firma del gobernador no era una formalidad, sino un requisito indispensable que implicaba un control tanto formal como sustancial sobre las adjudicaciones. “No se trata de un simple contralor formal de la regularidad del expediente”, indicó el fallo. Para Carbajal, la intervención de Capitanich habría sido necesaria para perfeccionar la entrega de los inmuebles.
El exgobernador pidió su sobreseimiento y acusó al fiscal Carlos Amad de “inventar un hecho ilícito”, seleccionar pruebas favorables a su hipótesis y desconocer el funcionamiento de la administración pública.