El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la familia del fotógrafo Pablo Grillo publicaron documentos sobre el estado de la causa judicial a cargo de la jueza María Servini de Cubría.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la familia del fotógrafo Pablo Grillo, herido por un miembro de la Gendarmería Nacional durante una protesta frente al Congreso el 12 de marzo de 2025, difundieron este viernes documentos sobre el estado de la causa que tramita la jueza María Servini de Cubría.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la familia Grillo señaló que la Gendarmería Nacional omitió la hora exacta del ataque en sus reportes oficiales. La familia afirmó que se están ocultando comunicaciones y registros, y formuló preguntas sobre el contenido de esas grabaciones. Indicaron que el fotógrafo está mejorando y que confían en que el Gobierno opte por la transparencia total.
La familia expresó malestar por la falta de claridad en la investigación judicial y consideró la omisión de datos como un intento de encubrimiento. Realizaron un llamado a la solidaridad ciudadana y sostuvieron que el esclarecimiento de los hechos es posible. Concluyeron con la declaración: «El que nada teme nada oculta».
El documento del CELS detalla que el 12 de marzo de 2025, Pablo Grillo, fotorreportero de 40 años, cubría una manifestación de jubilados cuando recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme. El proyectil le provocó fractura de cráneo, hematomas subdurales y pérdida de masa encefálica. Las pericias médicas determinaron que las lesiones pusieron en peligro su vida. Grillo permaneció casi tres meses en terapia intensiva y continúa en rehabilitación con pronóstico reservado. La investigación identificó al cabo primero Héctor Jesús Guerrero, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, como el responsable material del disparo.
El CELS señaló que los hechos ocurrieron en la quinta movilización de jubilados en 2025. Ese día, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía de la Ciudad desplegaron un operativo que dejó más de cien detenidos y un centenar de heridos. La represión comenzó una hora antes del inicio de la protesta, sin que se registraran actos de violencia por parte de los manifestantes. El accionar se justificó bajo el «Protocolo anti-piquetes» (resolución 943/23).