La sesión ordinaria del Senado fue postergada hasta mediados de julio luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel convocara a Labor Parlamentaria para la próxima semana, lo que generó diferencias con la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, impulsaba la realización de una sesión para tratar los proyectos sobre propiedad privada, Ley Hojarasca y pliegos judiciales. Sin embargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió convocar a Labor Parlamentaria para el miércoles 8 de julio a las 12, según consta en la resolución firmada por el secretario parlamentario, Agustín Gustinian.
Bullrich declaró que no podrá cumplir con su meta de sesionar el próximo miércoles 8, ya que señaló que la vicepresidenta “mandó labor parlamentaria para el 8, así que la sesión será recién una semana después”.
Uno de los motivos que complicaban la sesión, según fuentes parlamentarias, es que algunos legisladores como la tucumana Beatriz Ávila necesitaban estar en su provincia para la vigilia del 8 de julio, previo a los actos de celebración de la Fiesta de la Independencia.
De esta manera, la sesión se realizará entre el 15 y 16 de julio, aunque la fecha final se terminará de acordar en la reunión de Labor Parlamentaria.
El proyecto central que se tratará en la primera sesión será el de propiedad privada, que incluirá cambios a la propuesta del Gobierno que buscaba eliminar restricciones para que empresarios extranjeros compren tierras rurales. En la versión número 12 del dictamen se mantuvo la prohibición de que un Estado extranjero compre tierras, ni tampoco una empresa privada con capital de algún país extranjero. En el caso de zonas fronterizas, se requerirá el aval de las provincias, del Gobierno y del Congreso Nacional.
La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley del manejo del fuego. Esa medida, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo modificaciones: se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
La Libertad Avanza también quiere aprobar siete pliegos judiciales, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.
En la misma sesión, el oficialismo busca convertir el proyecto de ley Hojarasca, que deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o que perdieron vigencia ante los avances tecnológicos. Una de las normas que se busca eliminar es la ley 20.120, de la gestión de Lanusse, que “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos”. También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975, que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.