Denuncias judiciales y pedidos de informes al Ministerio de Economía y al BICE apuntan a la creación de una unidad de valuación en el banco público y al apartamiento del Tribunal de Tasaciones en seis procesos de privatización.
Según informaciones publicadas por el diario Ámbito, desde hace varios meses se observa una dinámica particular en la relación entre el Tribunal de Tasaciones de la Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en el marco de seis privatizaciones impulsadas por el gobierno nacional. Las empresas involucradas son Nucleoeléctrica, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas de Comahue.
El presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Roberto Villamonte, decidió de manera unilateral que el organismo no participe en las tasaciones de estas empresas. Esa función fue delegada al BICE, que creó una Unidad de Valuaciones en julio de 2025. Villamonte justificó su decisión citando el reglamento interno del Tribunal, aunque fuentes consultadas señalaron que dicha normativa requiere el acuerdo del cuerpo colegiado para decisiones de especial importancia.
En el BICE se produjeron cambios de autoridades: fue designado como presidente Maximiliano Voss, junto con nuevos directores, entre ellos Felipe Nuñez. Según fuentes del ámbito financiero, el banco no tenía experiencia previa en tasaciones de empresas estatales. La unidad valuadora fue creada después de estos nombramientos.
En el caso de Intercargo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 aceptó como querellante a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y solicitó al Ministerio de Economía información sobre la privatización. APA denunció seis irregularidades en la tasación realizada por el BICE, entre ellas subestimación de proyecciones financieras, opacidad en el proceso y falta de imparcialidad del banco. La tasación de Intercargo fue declarada información sensible por el presidente del BICE, y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, emitió una resolución que reservó la documentación oficial.
En el caso de las centrales hidroeléctricas de Comahue, dos de ellas fueron adjudicadas a la empresa Edison, de los hermanos Juan y Patricio Neuss. La fundación Soberanía de Neuquén presentó una denuncia en la justicia federal de General Roca, señalando que Villamonte se excusó de avanzar en la tasación y que las centrales fueron transferidas sin un valor oficial. Pidieron acceder a los contratos, pero hasta ahora no se lo permitieron.
En la privatización de Transener, la empresa Edison-Genneia resultó adjudicataria. Según el gobierno, la operación giró en torno a los 356 millones de dólares. Durante el proceso de ofertas se registró una falla técnica en la plataforma CONTRAT.AR.
En el caso de Nucleoeléctrica, fuentes internas de la empresa indicaron que el Tribunal de Tasaciones se negó a realizar la valuación, violando la Ley N° 21.126, y que la tasación actual oscila entre 10 y 11 mil millones de dólares. El gobierno busca vender el 44% de la empresa por aproximadamente 1.000 millones de dólares, según las mismas fuentes.
El Banco Nación y el Banco Central rechazaron realizar las tasaciones solicitadas, según fuentes consultadas, porque consideraban que podrían sufrir presiones para subvaluar las compañías.
Las impugnaciones presentadas tanto en el caso de Intercargo como en el de las centrales hidroeléctricas sostienen que se viola la Ley 23.696, que exige máxima transparencia y publicidad en los procedimientos de privatización. La justicia ya pidió informes al Ministerio de Economía y al BICE.