La Justicia Federal de San Martín declaró como crímenes de lesa humanidad los fusilamientos ocurridos en junio de 1956 durante la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, ordenando medidas de reparación y memoria para las víctimas.
La Justicia Federal de San Martín dictó una sentencia que declara como delitos de lesa humanidad los fusilamientos de doce personas ocurridos el 9 y 10 de junio de 1956 en la localidad de José León Suárez, provincia de Buenos Aires. El fallo fue emitido en el marco del expediente 41.041 y fue leído por la jueza federal Alicia Vence.
Según la sentencia, en la madrugada del 10 de junio, por orden del entonces presidente de facto, general Pedro Eugenio Aramburu, y del almirante Isaac Francisco Rojas, personal policial allanó un domicilio en Florida. Doce personas fueron detenidas, trasladadas a la comisaría de San Martín y luego fusiladas en un descampado. Como resultado, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizazo y Mario Obrión fallecieron, mientras que siete sobrevivieron, entre ellos Juan Carlos Libraga, quien declaró durante el juicio.
La jueza calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. El fallo señala como responsables a Aramburu, Rojas, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez y el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno, todos fallecidos, estableciendo que les hubiera correspondido la pena de prisión perpetua.
“Existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal”, afirmó la jueza Vence. El juicio se desarrolló en tres jornadas en el Auditorio Hugo del Carril, con testimonios de familiares de las víctimas.
La sentencia incluye un programa de medidas reparatorias: rehabilitación del nombre de los fusilados y sobrevivientes; publicación del fallo en los Boletines Oficiales de la Nación y la provincia de Buenos Aires y en sitios web de derechos humanos; inclusión de los hechos en los diseños curriculares educativos; instalación de placas conmemorativas; creación de un sitio de la memoria en el predio de los basurales de José León Suárez; e incorporación de las víctimas en el registro de violencia institucional del Estado argentino.
Berta Carranza, hija de uno de los fusilados, declaró: “Quiero que se haga justicia. Que, a pesar de que no estén los asesinos, esto se conozca, que sean declarados crímenes de lesa humanidad”. Los fundamentos completos del fallo se darán a conocer el 16 de julio.