Una investigación de La Nación revela que la administración central argentina registra 339.085 demandas activas, sin incluir reclamos contra ARCA, Anses ni pleitos internacionales. Más de 183.000 expedientes carecen de un monto cuantificado, lo que genera incertidumbre sobre el costo final.
Una investigación del diario La Nación, realizada con la colaboración de Gabriela Bouret, señala que la administración central del Estado argentino enfrenta 339.085 demandas activas, según registros actualizados al mes pasado. La cifra no incluye reclamos contra ARCA, Anses ni pleitos internacionales. A septiembre pasado, existían 294.308 juicios en trámite en los que la Anses fue notificada como parte.
El número de juicios fue obtenido de fuentes oficiales y cotejado con respuestas a pedidos de acceso a la información pública. Más de 183.000 expedientes no tienen un monto cuantificado, lo que representa más de la mitad del universo de demandas registradas. Aquellos con datos tienen montos en diferentes monedas: pesos ($479.494.736.524), dólares (US$5.324.674.723), euros (€2.498.705), libras esterlinas (£2.498.705) y yenes (¥933.000.000).
La investigación involucró documentos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio. Amerio afirmó: “Mientras coordinamos la defensa jurídica del Estado en toda la Administración Pública Nacional y atendemos los distintos frentes internacionales, la Procuración del Tesoro también asume la representación directa en los litigios más complejos y relevantes para el país”. Agregó que intervienen de manera directa en más de 30 causas de máxima relevancia institucional y participan en otras 150 como patrocinantes.
Los principales motivos de los expedientes son diferencias salariales (145.360 expedientes, más del 40% del total sin contar Anses y ARCA), seguidas de cuotas omitidas de la SRT (7%), cobro de pesos (6%), multas (5%), daños y perjuicios (4%), ejecución fiscal (3%), retiros y pensiones (3%), ejecuciones de pagarés (3%), amparo por mora (3%) y ejecución de tarjeta de crédito (3%). En total, hay 367.018 expedientes registrados, de los cuales 27.933 están cerrados o inactivos. En proceso hay 235.377 demandas, en ejecución 70.219, y se suman 23.784 amparos, 7.558 recursos, 6.775 pedidos de concurso o quiebra y 6.279 cautelares.
El 56% de las demandas se tramita en la Ciudad de Buenos Aires, seguidas por Buenos Aires (11%), Córdoba (4%), Mendoza (3%) y Santa Fe (3%). Entre las dependencias más demandadas están la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, el Banco Nación, el Ejército Argentino, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y la Gendarmería.
Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro durante la presidencia de Mauricio Macri, declaró: “Hay millones en juicios contra el Estado. Esa masa es enorme y debe ser controlada. El eje de una política de equilibrio fiscal no se puede centrar solamente en una reducción de personal estatal. Tiene que haber una estrategia general, que abarque a todos los ministerios, para reducir contingencias judiciales en el país y el exterior”.
Según los datos oficiales, el 78,5% de los expedientes activos fueron iniciados antes de diciembre de 2023. Desde enero de 2024, se incorporaron 72.768 nuevas causas, equivalentes al 21,5% del stock vigente. La Procuración del Tesoro calificó la situación como una “litigiosidad estructural muy elevada”.
En el frente internacional, el principal litigio es el juicio por la expropiación de YPF por más de US$16.000 millones, que el Estado ganó en segunda instancia en Nueva York. También se sigue el litigio por el Cupón PBI en Londres, con una sentencia por 1.330 millones de euros. Avanzaron en el Senado acuerdos por US$67 millones para pagarle a Bainbridge y por US$104 millones para Attestor, para cerrar litigios por el default de 2001.
Un abogado que entabló varias demandas contra el Estado sostuvo: “El Estado es muy incumplidor con sus empleados y sus proveedores. Por eso, hay mucha litigiosidad. Pero cobrar es muy difícil, salvo que tengas a mano algún operador que acelere el crédito”. Explicó que para iniciar una demanda se debe agotar la vía administrativa, y que los vínculos políticos aceleran los tiempos de cobro.
Sebastián Amerio agregó: “En apenas dos años logramos lo que en la Argentina parecía una misión imposible: coordinar de manera estratégica los servicios jurídicos del Estado bajo una misma dirección. Hoy trabajamos de manera conjunta, con objetivos claros y una conducción coordinada”.