El Gobierno nacional oficializó cambios en el organigrama de la Jefatura de Gabinete, que incluyen la transferencia de áreas clave y la centralización de la comunicación institucional bajo la órbita de Manuel Adorni.
El Poder Ejecutivo dispuso una profunda reestructuración en la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el objetivo de centralizar la comunicación institucional y optimizar el funcionamiento de diversas secretarías estratégicas. La medida, formalizada este jueves a través del Decreto 269/2026 publicado en el Boletín Oficial, redefine el organigrama interno y transfiere áreas clave que anteriormente dependían de la Secretaría General de la Presidencia.
Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, uno de los movimientos más significativos es el traspaso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos desde la órbita de Karina Milei hacia la Jefatura de Gabinete, bajo el mando de Manuel Adorni. Este cambio busca consolidar la gestión legal y administrativa en una sola estructura, reforzando el control sobre los procesos internos y la relación con la prensa.
El nuevo esquema otorga funciones ampliadas a la Unidad Gabinete de Asesores, que a partir de ahora tendrá la responsabilidad de coordinar la comunicación institucional y la difusión de contenidos de toda la Jefatura. Asimismo, se redefinieron los objetivos de las secretarías de Asuntos Estratégicos, Innovación, Ciencia y Tecnología, y Comunicación y Prensa, esta última con control directo sobre las subsecretarías de Medios Públicos y Actos de Gobierno.
La reestructuración también pone un fuerte énfasis en la modernización tecnológica. El decreto establece que las áreas de innovación participarán activamente en la protección de infraestructuras críticas y ciberseguridad, además de desarrollar marcos regulatorios para el uso de inteligencia artificial, blockchain e internet de las cosas (IoT) dentro del sector público nacional. La normativa prevé la actualización de los objetivos operativos para organismos descentralizados y la aprobación de nuevas estructuras de primer y segundo nivel, buscando, según el texto oficial, una mayor eficiencia en el uso de los recursos del Estado y una unificación de criterios en la planificación de políticas públicas.