Las iniciativas enviadas al Congreso proponen cambios en las áreas de discapacidad y salud mental, con foco en la optimización de recursos y la lucha contra irregularidades.
El Gobierno nacional ha enviado al Congreso dos proyectos de ley que proponen modificaciones en el sistema de protección social argentino, con impacto en las áreas de discapacidad y salud mental. Las iniciativas, presentadas bajo los argumentos de optimización de recursos y prevención de irregularidades, generan debate por sus posibles implicancias.
Uno de los proyectos, denominado «Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», introduce el concepto de que el cumplimiento de ciertos derechos para personas con discapacidad estará sujeto a la «disponibilidad de recursos» del Estado. Este punto ha sido objeto de análisis por parte de especialistas, quienes debaten su alcance y aplicación práctica.
En paralelo, se presenta una reforma a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. El proyecto propone otorgar un rol central a la mirada técnico-médica, especialmente a los especialistas en psiquiatría, en la conformación de equipos y en las inspecciones de centros. Además, modifica el artículo 41 de la ley original, eliminando la obligación explícita del Estado de brindar «cooperación económica y financiera» y supeditando las partidas a la firma de convenios. Si bien no se deroga explícitamente el artículo que fija un piso presupuestario del 10% para el área, esta modificación altera el mecanismo de financiamiento garantizado desde 2010.
Desde el Gobierno nacional, estas medidas se defienden como necesarias para garantizar la equidad y la sostenibilidad del sistema a largo plazo, evitando el mal uso de los recursos. Distintos sectores de la sociedad civil y la oposición política analizan el texto y expresan sus posiciones respecto al impacto que estas reformas podrían tener en la continuidad de tratamientos y prestaciones.