El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación intervino de manera discreta para facilitar el retorno al país de Agostina Páez, la abogada argentina condenada en Brasil por un incidente calificado de racista. El canciller Pablo Quirno explicó que la cartera diplomática actuó en coordinación con la defensa de la mujer, aprovechando los tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Una gestión diplomática «sigilosa»
En declaraciones radiales, Quirno describió la estrategia como «sigilosa», subrayando que el rol del Estado se limita a realizar gestiones diplomáticas y ofrecer orientación dentro del marco legal. «Nosotros no podemos garantizar ningún retorno, pero sí trabajamos día a día en cada uno de estos casos con las leyes que nos imponen desde los países», afirmó el ministro.
El punto clave del proceso fue la presentación de una nota oficial por parte del consulado argentino en Brasil. Este documento garantizó ante la justicia brasileña que Argentina se haría cargo del monitoreo del cumplimiento de la condena, lo que destrabó la posibilidad del traslado. Quirno calificó esta entrega como una «contribución importante» para la decisión final del juez.
El desarrollo del caso judicial
Agostina Páez, de 29 años, fue acusada de realizar gestos considerados racistas durante un evento en Río de Janeiro. Tras el inicio formal del juicio, la fiscalía redujo su pedido de condena. Finalmente, la joven fue condenada a realizar servicios comunitarios y a pagar una indemnización a las víctimas, evitando así una pena de prisión efectiva en Brasil.
Al salir de la audiencia, Páez se mostró aliviada y confirmó que en los próximos días podrá regresar a su país. «Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Le pedí perdón a las víctimas», declaró. Su abogada defensora, Carla Junqueira, explicó que la fiscalía consideró que el pedido de disculpas demostró que la acusada comprendió la gravedad del hecho.
Diferencias con otros casos
El canciller Quirno aprovechó la ocasión para marcar una diferencia con la metodología aplicada en otros casos resonantes de argentinos detenidos en el exterior. Aclaró que la Cancillería no actuó como garante financiero ni publicitó masivamente su gestión, en una clara alusión a las intervenciones de figuras como el dirigente de la AFA, Claudio Tapia, o el empresario Eduardo Samid en el caso del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela.
«Ella tenía que contratar una defensa y nosotros le dimos el apoyo de saber cómo manejarse en un sistema que es extraño», precisó Quirno, remarcando que el acompañamiento estatal se centró en la asesoría legal y diplomática, sin aportes económicos. El ministro aseguró que el contacto con Páez y su familia se mantuvo desde el primer día del incidente.