El presidente, el director y un médico de una clínica privada de Pergamino fueron imputados por defraudar al Estado Nacional al facturar 191 órdenes de consultas y prácticas que nunca se realizaron, afectando a 28 afiliados del PAMI.
La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, formalizó la imputación al presidente, al director y a un médico de una clínica privada de Pergamino por defraudar al Estado Nacional mediante la facturación de 191 órdenes de consultas y prácticas prescriptas a 28 afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que nunca recibieron las prestaciones.
Según informó el sitio Fiscales, las maniobras fueron detectadas entre abril y diciembre de 2024, aunque podrían tener un volumen mayor. El juez de garantías ordenó una caución real de 10 millones de pesos para cada imputado y la prohibición de salir del país por 90 días.
Ante el magistrado federal Carlos Villafuerte Ruzzo, el Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación penal contra el presidente y el director médico de Clínica Centro SA de Pergamino como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública. Al médico se lo consideró partícipe necesario del mismo delito.
El caso se inició a partir de la presentación de una paciente ante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo. La paciente denunció que en su historial de la aplicación de PAMI figuraban estudios que nunca se había realizado y que no correspondían a la clínica.
De acuerdo con las evidencias, las maniobras provocaron un perjuicio económico al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) de al menos 1.644.662,37 pesos, que actualizado a noviembre de 2025 ascendía a 3.242.369,02 pesos.
La fiscalía señaló que los directivos utilizaron datos de afiliados que no se atendieron en la clínica, no tenían las patologías indicadas y nunca asistieron al centro de salud. Para concretar el fraude, usaron números de DNI y de trámite, y transmitieron las órdenes médicas para el cobro a través del sistema informático oficial de PAMI.
Tras la exposición de la fiscalía, el juez Villafuerte Ruzzo dio por formalizada la investigación y otorgó un plazo de 90 días para profundizar la pesquisa.