En un giro significativo dentro de un prolongado conflicto habitacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció su decisión de constituirse como parte querellante en una causa judicial. La medida apunta directamente a posibles responsabilidades de autoridades de la empresa constructora Cosud y del Banco Hipotecario, en un caso que afecta a numerosas familias.
Familias exigen acelerar la investigación
Las personas afectadas, que ya fueron desalojadas en dos oportunidades de un mismo desarrollo inmobiliario, han realizado gestiones ante la justicia para que se agilice la investigación. Sus representantes legales sostienen que la demora en el proceso judicial profundiza la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, tras haber invertido sus ahorros en unidades que nunca recibieron o que luego perdieron.
La compleja situación de la constructora
Fuentes cercanas al expediente indican que la posición de la empresa Cosud dentro de la causa se ha vuelto más delicada en las últimas semanas. Los investigadores analizan la cadena de decisiones y transacciones que derivaron en el fracaso del emprendimiento y en los sucesivos desalojos ordenados por la justicia.
El Banco Hipotecario, por su parte, es investigado por su rol en la operatoria financiera vinculada al proyecto. La querella de la Ciudad buscará determinar si existieron irregularidades en los procesos de crédito y en la administración de los fondos destinados a la obra.
Recorrido de un conflicto habitacional
El caso se originó años atrás, cuando decenas de familias adquirieron unidades en un complejo residencial. Tras problemas en la construcción y disputas legales, un primer desalojo dejó a las familias sin su vivienda. Una posterior reocupación, en busca de una solución, terminó en un nuevo y traumático desalojo forzoso.
La decisión del gobierno porteño de sumarse activamente a la querella marca un punto de inflexión, otorgando mayor peso institucional al reclamo de las familias. Se espera que en las próximas semanas el juez a cargo de la causa defina la imputación o no de los directivos de las entidades denunciadas.