El paro de colectivos que afectó durante horas al Gran Resistencia quedó sin efecto y este viernes las unidades retomaron sus recorridos habituales. La decisión fue adoptada por la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) Chaco tras confirmarse la acreditación de fondos destinados a cubrir parte de los salarios pendientes.
La medida de fuerza había comenzado a la medianoche del jueves, en reclamo por el pago incompleto de haberes. Durante toda la jornada, miles de usuarios de Resistencia y localidades cercanas debieron buscar alternativas ante la paralización total del servicio.
Desde el sindicato explicaron que las empresas abonaron solo una fracción de los sueldos y que aún se adeudaba cerca del 50%. El conflicto involucra principalmente a Transportes del Chaco Metropolitano (TCM) y Ersa Urbano, firmas que ya venían atravesando dificultades financieras.
Conflicto en Corrientes: denuncian que una escuela lleva seis años en obra y es un «monumento a la corrupción»
Transferencias y suspensión provisoria
Según informó el gremio, el Gobierno provincial habría transferido alrededor de 200 millones de pesos para asistir a las empresas del área metropolitana, mientras que también se aguardaban fondos nacionales vinculados a los atributos sociales del sistema.
Inicialmente, la UTA había dispuesto una suspensión provisoria del paro hasta primeras horas de la tarde, a la espera de que el dinero impactara en las cuentas. Finalmente, tras confirmarse la acreditación y el compromiso de pago, se resolvió levantar la medida y normalizar el servicio.
No obstante, desde el sindicato advirtieron que la situación continúa siendo frágil y que cualquier incumplimiento podría derivar en nuevas interrupciones.
Masiva movilización docente en Chaco y anuncio de no inicio de clases
Salarios en discusión y crisis estructural
El esquema salarial del sector viene siendo motivo de tensión desde fines del año pasado. Entre septiembre y noviembre se había acordado una reducción transitoria del básico para evitar despidos, pasando de $1.300.000 a $1.200.000, con un adicional no remunerativo de $100.000.
Sin embargo, en enero las empresas volvieron a pagar montos inferiores, lo que profundizó el malestar entre los choferes y derivó en la protesta.
Desde la conducción gremial señalaron que el problema no es solo coyuntural: la caída en la cantidad de pasajeros, el aumento de costos operativos y la competencia de servicios alternativos impactan de lleno en la recaudación. “Si no se trabaja, no se recauda”, sintetizaron.