Los tribunales federales de Comodoro Py retomaron la actividad tras la feria judicial de invierno y reactivaron la causa que investiga el patrimonio del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002 reanudaron sus actividades este lunes tras la feria judicial de invierno, reactivando las causas judiciales de mayor relevancia, entre ellas la investigación sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Antes del receso invernal, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que señaló inconsistencias entre los ingresos y gastos del ex vocero presidencial y su esposa, Bettina Angeletti.
Según fuentes judiciales, el informe de la DAFI cuantifica las irregularidades detectadas, segmentadas año por año. A partir de ese documento, el fiscal Pollicita retomó la elaboración de un requerimiento de justificación patrimonial basado en esas inconsistencias. El equipo de investigadores trabajó en el caso durante la feria.
La fiscalía solicitará al juez Ariel Lijo que ordene a Manuel Adorni responder el requerimiento, lo que implicaría su primera declaración formal sobre su fortuna. Adorni, antes de renunciar, declaró públicamente que invirtió 200.000 dólares en Bitcoin en 2014, y que esa inversión le generó medio millón de dólares que no declaró hasta que asumió como funcionario.
Si la justificación no despeja las sospechas de enriquecimiento ilícito, el fiscal podría solicitar la declaración indagatoria, paso previo a un eventual procesamiento.
Al rectificar sus declaraciones juradas y presentar la de 2025, Adorni declaró una tenencia de USD 565.000 por una “venta de activos”, sin mayores detalles. La Justicia investiga si ese monto corresponde al cambio de criptomonedas a dólares.
Tras la presentación de sus declaraciones juradas, Adorni recibió denuncias por presunta falsedad ideológica por parte de los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro; el abogado de la Fundación Apolo, José Magioncalda; y Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz.
El delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 293 del Código Penal, prevé una pena de hasta seis años de prisión. Las denuncias fueron sorteadas en distintos juzgados y fiscalías de Comodoro Py, y según fuentes judiciales, se unificaron con la causa principal que llevan Lijo y Pollicita.
Los funcionarios a cargo del caso consideraron que las denuncias configuran el “mismo objeto procesal con diferente encuadre jurídico”, por lo que las sospechas de falsedad ideológica se investigarán junto al enriquecimiento ilícito.