El ministro de Desregulación presentó un borrador que modifica normativas sobre librerías, farmacias, corretaje inmobiliario, gas licuado, agro y más. El proyecto aún no tiene fecha para llegar al Congreso.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, prepara un nuevo proyecto denominado “Ley Hojarasca” 2.0, que busca derogar más de 70 normas vigentes. El borrador, al que accedió Página/12, cuenta con 144 hojas y aún no ha pasado los filtros correspondientes en la Casa Rosada.
La propuesta incluye modificaciones a normativas como el Régimen de Corretaje, la Ley de Protección de la Actividad Librera, la regulación de farmacias y el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP). También abarca cambios en el sector agroganadero y en la actividad de los traductores públicos.
En el ámbito del corretaje inmobiliario, el borrador elimina la obligación de contar con título universitario de Martillero y Corredor Público para ejercer, requiriendo solo título secundario y mayoría de edad. Asimismo, prohíbe fijar aranceles mínimos, máximos o sugeridos, dejando la comisión a libre pacto entre las partes, y permite la creación de plataformas digitales para validar el corretaje.
En cuanto a la ley de farmacias, el proyecto habilita la venta digital y el envío a domicilio de medicamentos bajo ciertas condiciones, y permite comercializar medicamentos de venta libre fuera de las farmacias.
Respecto al mercado editorial, se propone derogar la Ley N° 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, eliminando el precio uniforme de venta al público para los libros, lo que permitiría a grandes cadenas ofrecer descuentos.
En el sector del GLP, el borrador deroga el Régimen Regulatorio del GLP (Ley N° 26.020), que declaraba al gas en garrafas como servicio público, eliminando regulaciones sobre precios, cantidades y márgenes de rentabilidad, y dejando los precios librados a la oferta y la demanda.
El proyecto también modifica el financiamiento de organismos sectoriales del agro y la vitivinicultura, reduciendo controles del Instituto Nacional de Vitivinicultura y haciendo optativos los controles de origen, añada y varietal. En el sector cárnico, se ordena al SENASA y a la Secretaría de Agricultura cesar el cobro de aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) a partir del 1 de octubre de 2027, pasando a un esquema de aportes voluntarios.
Para los traductores públicos, se flexibiliza el criterio sobre cuándo es obligatoria una traducción al español, reduciendo su intervención en la Administración Pública.
El proyecto aún no tiene fecha para ser tratado en el Congreso. Fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señalaron que la iniciativa “no es oficial” y que “no está en agenda por ahora”.