La renegociación de 800 convenios colectivos de trabajo, prevista en la reforma laboral, entró en punto muerto. Sindicatos, cámaras empresarias y el propio Gobierno atribuyen el fracaso a una reglamentación del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La renegociación de 800 convenios colectivos de trabajo, establecida en el decreto 407/26 con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el ministro de Economía Luis Caputo y el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, se encuentra paralizada. La norma fijó el inicio de las conversaciones para el 1 de julio y emplazó a la Secretaría de Trabajo a lanzar la convocatoria.
El decreto reglamenta la ley 27.802 de reforma laboral y centra la renegociación en el fin de la ultraactividad de las cláusulas “obligacionales” de los convenios, es decir, la pérdida de vigencia forzada de puntos no salariales acordados entre empleadores y sindicatos. La modalidad del llamado apuntaba originalmente a revisar los ítems relacionados con aportes y contribuciones de empresarios y trabajadores a favor de sindicatos, obras sociales e instituciones gremiales patronales.
Sin embargo, según reconocieron fuentes sindicales, empresarias y gubernamentales al sitio El Destape, la extensión de la reglamentación bajo instrucción de Sturzenegger habilitó implícitamente la discusión de condiciones laborales y otros puntos críticos. Buena parte de los aportes consagrados por las “cláusulas obligacionales” derivan en “cuotas solidarias” de trabajadores no afiliados a sindicatos y empresas no asociadas a cámaras, fondos que son vitales para la subsistencia de ambas instituciones.
De los 800 convenios, solo uno —el del sindicato de la Alimentación y las cámaras de esa industria— renegoció todas sus cláusulas vigentes, en sentido contrario a lo pretendido por el Gobierno. Otro, el de la empresa de autopartes Mirgor con el sindicato Smata, avanzó hasta la implementación de un banco de horas para compensar suspensiones, sin eliminar las horas extra. Del resto de las actividades no se registraron respuestas.
Funcionarios de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo reconocieron la nula respuesta de gremios y cámaras patronales. La negativa se atribuye a la reglamentación del tope de 2% para los aportes y contribuciones a favor de los sindicatos y de 0,5% para entidades de empleadores, que deberá aplicarse sobre los sueldos básicos sin incluir adicionales, horas extra u otros ítems. En muchas actividades, los adicionales representan la mayor parte del ingreso total, por lo que su exclusión del cálculo afecta el funcionamiento de gremios y nucleamientos patronales.
Para sindicatos como Comercio, Camioneros, la Asociación Bancaria, Gastronómicos y Smata, la “cuota solidaria” —retención que se aplica al trabajador no afiliado— es vital para su subsistencia. De igual modo, cámaras como CAC y CAME se benefician de la contribución de empresas no asociadas al Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap). La Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) subsiste gracias a la cuota que percibe de fábricas no asociadas, lo que generó un litigio con la Asociación de Fábricas de Autopartes (AFAC).
El tope aplicado sobre salarios básicos fue descripto por fuentes sindicales y empresarias como una medida que desnaturalizó el criterio de la ley original, que había generado una actitud menos confrontativa durante el debate legislativo. La reglamentación, según esas fuentes, rompió el pacto implícito y desató el plan de lucha de la CGT y una oleada de amparos de gremios. Negociadores veteranos coincidieron en que el tope corre el riesgo de romper la inercia negociadora de décadas en la Argentina. Un paritario empresario señaló que “si nos sacan los aportes y contribuciones que solemos acordar con los gremios, solo nos queda el salario por discutir y eso va a elevar los reclamos y el conflicto”.