jueves, 18 junio, 2026

Gobierno modifica decreto para designación de jueces de la Corte Suprema

El Ejecutivo eliminó controles civiles en el proceso de selección de magistrados, en medio de una reunión entre el presidente Milei y el juez Lorenzetti.

El Gobierno nacional, a través de un decreto impulsado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modificó el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia. La medida elimina tres artículos que establecían la intervención de organizaciones de la sociedad civil, la publicación en diarios de circulación nacional y plazos más extensos para el trámite.

Según el texto oficial, la modificación busca “simplificar” el proceso. En la práctica, suprime la participación de ONG, colegios profesionales, académicos y la prensa, y acorta los tiempos de gestión. El presidente Javier Milei queda facultado para designar con mayor velocidad y menor escrutinio público a los integrantes del máximo tribunal.

La decisión se conoció luego de que el sitio La Política Online revelara una reunión entre Milei y el juez Ricardo Lorenzetti, realizada el martes en la Quinta de Olivos. En ese encuentro, según la misma fuente, acordaron impulsar la designación de dos nuevos jueces para completar la integración de la Corte. No participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ni el ministro Mahiques.

Lorenzetti, según la información publicada, mantiene un diálogo directo y frecuente con el presidente. En la reunión, el magistrado habría convencido a Milei de avanzar con las designaciones en el corto plazo, pese a que Mahiques había manifestado públicamente que esos nombramientos quedarían para un eventual segundo mandato.

Los candidatos propuestos por Lorenzetti son el camarista Mariano Borinsky, de la Cámara de Casación Penal, y Karina Perilli, jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3. Según la publicación, ambos son cercanos al juez Lorenzetti. Perilli es amiga del suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien enfrenta acusaciones por actos de corrupción.

La modificación del decreto se produce en el contexto de un escándalo que involucra al vocero presidencial, Manuel Adorni, aunque no se detallaron los vínculos directos entre ambos hechos.

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