La conducción de la CGT ratificó su rechazo a la reforma laboral oficializada por el Gobierno de Javier Milei y analiza la convocatoria a un nuevo paro general. La central obrera también mantiene acciones judiciales y una denuncia ante la OIT.
La tensión entre el sindicalismo y el Gobierno de Javier Milei se incrementó tras la oficialización de la reforma laboral. La conducción de la CGT ratificó su rechazo y advirtió que no descarta la convocatoria a un nuevo paro general en el corto plazo.
El malestar en la central obrera se profundizó luego de conocerse los detalles del decreto reglamentario presentado por la administración central. Desde la CGT afirmaron que el texto final de la normativa excede los límites fijados por la ley.
Cristian Jerónimo, co-Secretario General de la CGT y titular del gremio del vidrio (SEIVARA), declaró: “La reglamentación fue aplicada con un exceso total que va más allá de la ley, buscando perjudicar a las instituciones que representan a los trabajadores y quitándoles beneficios fundamentales”. Jerónimo ratificó que la central no cederá conquistas adquiridas.
Frente a la promesa oficial de que la reforma laboral dinamizaría el empleo formal, Jerónimo sostuvo que la flexibilización ha convalidado desinversión, cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo.
La CGT mantiene una estrategia defensiva que incluye la vía judicial y una denuncia internacional ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El equipo jurídico de la central obrera continúa con acciones en el fuero contencioso para sostener la medida cautelar contra la reforma laboral, bajo el argumento de que el articulado es inconstitucional.
En paralelo, la central obrera presentó una denuncia formal ante la OIT, en la que acusa al Estado argentino de violar los tratados internacionales que protegen la libertad sindical y los derechos de los trabajadores, con énfasis en el incumplimiento de los convenios 87 y 150.
Desde la conducción manifestaron preocupación por lo que definen como un persistente amedrentamiento y un aparato represivo para desarticular la protesta social.
La posibilidad de activar un quinto paro general contra la actual gestión económica comenzará a evaluarse en las próximas semanas. La central de trabajadores convocará a una reunión urgente de su Consejo Directivo para diagramar el plan de lucha.