Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indica que la actualización de haberes por decreto resultó inferior a la ley anterior, y que en junio de 2026 la jubilación mínima se ubicará más de $87.000 por debajo de lo que hubiera correspondido.
En abril de 2024, el gobierno de Javier Milei firmó el DNU 274/2024, reemplazando la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609 (vigente desde 2021) por un mecanismo de actualización mensual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó las consecuencias de esa decisión y concluyó que la fórmula anterior habría resultado superior para los haberes jubilatorios.
La comparación entre ambas fórmulas arroja datos concretos. En septiembre de 2024, diciembre de 2024, marzo de 2025, junio de 2025 y septiembre de 2025, los aumentos que hubiera dispuesto la Ley 27.609 habrían sido superiores a los otorgados por el decreto. Recién en diciembre de 2025, marzo y junio de 2026 la fórmula vigente superó a la anterior. En junio de 2026, con el aumento del 2,6% correspondiente al IPC de abril, la jubilación mínima sin bono se ubica en $403.327. De haber continuado la ley derogada, se ubicaría en $490.621, un 21,6% por encima.
El informe también señala que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su última revisión del acuerdo con Argentina, reconoció que los cambios en la fórmula de indexación “moderaron el gasto” en jubilaciones y pensiones. El texto del organismo afirma: “si bien los recientes cambios en la fórmula de indexación de las pensiones han moderado el gasto —haciéndolo también más predecible—, se espera que las presiones demográficas y las debilidades estructurales amplíen las brechas de financiación a medio plazo si no se modifican las políticas”.
Además, desde marzo de 2024, el bono compensatorio que percibe el 70% de los jubilados quedó congelado en $70.000. Mientras los haberes se incrementaron un 200% entre marzo de 2024 y junio de 2026, la jubilación mínima con bono incluido creció un 132%. El CEPA calcula que, de haber sido actualizado en la misma proporción que los haberes, ese bono debería ascender en junio de 2026 a $209.994.
El resultado combinado de ambas variables se traduce en una pérdida de poder adquisitivo. En el trimestre marzo-mayo de 2026, el poder de compra de las jubilaciones sin bono se ubica 2,5% por debajo del nivel del último trimestre del gobierno anterior, y el de las jubilaciones con bono cae 18,9% respecto de ese mismo punto de comparación.
El gobierno tuvo la oportunidad de revertir parcialmente ese cuadro a través de la vía legislativa, pero optó por no hacerlo. En dos ocasiones el Congreso aprobó leyes que buscaban compensar el deterioro. La primera, sancionada como Ley 27.756, incluía una recomposición por única vez del 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total de un adulto y una cláusula gatillo anual vinculada a la recuperación real de los salarios. Milei la vetó. La segunda, aprobada en julio de 2025, contemplaba un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024, la actualización del bono previsional a $110.000 con ajuste por IPC, la prórroga por dos años de la moratoria previsional y la mejora de la Prestación Universal para Adultos Mayores (PUAM). Milei la vetó también.
En marzo de 2025 venció la moratoria previsional y el Poder Ejecutivo no la prorrogó. Según el informe, nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez varones en edad de jubilarse que no cuenten con los años de aportes requeridos deberán conformarse con la PUAM, una prestación equivalente al 80% de la jubilación mínima que no es pensionable.
El CEPA concluye que al atar las jubilaciones al IPC, el sistema garantiza que los haberes no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación futura, pero impide cualquier recuperación real. La derogación de la Ley 27.609, según el informe, fue una elección política que trasladó el costo del ajuste fiscal a los sectores más vulnerables del sistema previsional.