Laura Martínez Cánepa, coordinadora provincial de Mumalá, alertó sobre el impacto de los recortes en políticas de género, la disminución de denuncias y pidió la declaración de emergencia nacional.
En el marco del 11° aniversario de la movilización Ni Una Menos, Laura Martínez Cánepa, coordinadora provincial de Mumalá, advirtió sobre el impacto de los recortes en políticas de género, alertó por la disminución de denuncias y reclamó la declaración de la emergencia nacional para fortalecer la asistencia a víctimas.
En diálogo con CIUDAD TV, Martínez Cánepa recordó que el 3 de junio de 2015 representó un punto de inflexión social frente a la violencia machista. “Fue algo histórico en donde toda la sociedad salió a las calles y abrazó el reclamo del movimiento de mujeres”, expresó.
Según explicó, a partir de aquella movilización comenzaron a visibilizarse con mayor fuerza las situaciones de violencia de género y se abrieron debates públicos sobre normativas y políticas de protección. En ese contexto nació el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de Mumalá, dedicado al relevamiento de datos.
Martínez Cánepa presentó cifras relevadas por el observatorio entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2026. Detalló que en ese período se registraron 3096 feminicidios en el país y 115 en la provincia del Chaco. “Estas cifras parecen duras, pero son las historias y las vidas de mujeres que fueron víctimas del abandono del Estado y de la violencia machista”, afirmó.
Señaló que 3011 niños y niñas quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes y advirtió sobre una caída en las denuncias previas realizadas por las víctimas. “El 17% de las víctimas había denunciado y desde 2023 hasta ahora el porcentaje de denuncias bajó al 9%”, indicó. En ese sentido, cuestionó los discursos sobre supuestas falsas denuncias y sostuvo que actualmente el problema es la falta de acceso a mecanismos de protección.
Martínez Cánepa reiteró el pedido de aprobación del proyecto de ley para declarar la emergencia nacional por violencia de género. “Es necesario porque creemos que es urgente la situación que se vive”, sostuvo, y remarcó la necesidad de garantizar presupuesto y equipos interdisciplinarios para asistir a mujeres en situación de violencia.
La coordinadora también cuestionó decisiones del Gobierno nacional y sostuvo que hubo una reducción de programas como la Línea 144 y el programa Acompañar. “La agenda de la protección de las mujeres y la lucha contra la violencia de género no es parte de la agenda de este gobierno”, afirmó.
Respecto de la evolución social, consideró que desde 2015 hubo avances en conciencia colectiva, aunque advirtió señales de retroceso en los discursos públicos. “Llamamos a la sociedad a ponerse firme y a no ceder derechos ya conquistados”, concluyó.