La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había levantado la medida cautelar que suspendía los desmontes en la provincia del Chaco, y ordenó a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dictar una nueva resolución.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el levantamiento de la prohibición de desmontes en el Chaco y ordenó que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dicte una nueva resolución. El fallo, del 15 de mayo, hizo lugar a los recursos presentados por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fiscalía Federal de Resistencia. Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos integraron la Sala.
La medida cautelar había sido dispuesta originalmente el 19 de agosto de 2024 por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, ordenando al Poder Ejecutivo provincial la suspensión total de los desmontes en el territorio chaqueño, tanto los ya autorizados como el otorgamiento de nuevos permisos. Fue prorrogada dos veces y luego levantada parcialmente por la misma jueza, decisión confirmada en diciembre de 2025 por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Para Casación, las instancias anteriores no tuvieron en cuenta el principio precautorio. El juez Borinsky, en su voto, sostuvo que la resolución impugnada “no brindó fundamentos suficientes que permitan tener por acreditado un cambio fáctico relevante que justifique el levantamiento de la cautelar”. Agregó que invocar una modificación normativa no equivale a demostrar que el peligro ambiental constatado cesó.
El juez Hornos propuso mantener la medida cautelar original por aplicación del principio in dubio pro natura, señalando que “mientras subsista incertidumbre técnica acerca de la magnitud y eventual irreversibilidad del daño investigado, corresponde mantener la protección precautoria ya dispuesta”.
En otra resolución, la Sala IV ordenó al Juzgado Federal N° 1 de Resistencia retomar la investigación contra Alesio Roberto Nardelli, presidente de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal del Chaco, por desobediencia judicial y estrago rural. El tribunal consideró que la declaración de incompetencia federal respecto del estrago rural había sido “prematura e infundada”.