Autoridades, docentes, estudiantes y organizaciones sindicales colmaron la Plaza de Mayo para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en una jornada de reclamo que se replicó en todo el país.
Miles de personas se congregaron este miércoles en la Plaza de Mayo y sus alrededores, convocadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, para reclamar al gobierno nacional que ejecute la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, que constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se replicó en distintas ciudades del país.
Durante el acto central, Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro, advirtió que «está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho». El rector sostuvo que «una sociedad empieza a quebrarse cuando deja de dolerle el sufrimiento del otro» y denunció que restringir el derecho a protestar, emplear la represión policial y desconocer leyes aprobadas por el Congreso constituyen amenazas directas a la democracia.
El reclamo incluyó un pedido explícito para que la administración nacional cumpla tanto con la ley de financiamiento universitario como con las decisiones judiciales. «Exigimos que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario, la voluntad democrática del Congreso y las decisiones de la Justicia», expresó Torres ante la multitud. Rechazó la posibilidad de «condenar a millones de jóvenes a privarse del derecho a estudiar», señalando que el ajuste y la crisis económica, aunque relevantes, no explican por sí solos el peligro que enfrenta el sistema educativo.
En su discurso, Torres calificó la jornada como «un día histórico» y destacó que «nos encontramos en la calle y dijimos que el otro sí nos importa. Nos importan los trabajadores, los jubilados, las personas con discapacidad, los estudiantes». El rector remarcó que limitar derechos, demorar acciones judiciales o discriminar por pensar diferente pueden dañar de forma irreparable la convivencia democrática.