Desde Comodoro Py confirmaron que los expedientes por corrupción que afectan a miembros del Ejecutivo continuarán su curso. Al menos cinco causas están en etapa de investigación y comprometen a figuras clave de la administración.
Los tribunales de Comodoro Py mantienen activas al menos cinco causas judiciales que involucran a funcionarios del Gobierno nacional. Según fuentes judiciales consultadas, los expedientes “van a avanzar” y “tienen vida propia”. Entre los casos más relevantes se encuentran la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA; los sobreprecios en medicamentos y artículos de ortopedia de la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); el uso de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica; y los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios y aliados del oficialismo.
En la causa que investiga a Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo ordenaron analizar las llamadas de Marcelo Grandio y Horacio Silva, vinculados a un vuelo privado a Punta del Este. Además, el arquitecto Matías Tabar declaró que Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo por la remodelación de su casa en el country Indio Cuá, sin facturación. Por su parte, el expediente $LIBRA está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi. La causa Andis es investigada por el fiscal Franco Picardi y el juez subrogante Ariel Lijo. En Nucleoeléctrica, el fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Ramos indagan a su ex titular Demian Reidel por gastos con tarjeta corporativa. En tanto, los créditos del Banco Nación generaron un conflicto de competencia entre la jueza María Eugenia Capuchetti y Lijo, que deberá resolver la Cámara Federal.
Las fuentes judiciales señalaron que la cantidad de prueba recolectada es “abrumadora” y que en varios casos los testigos se presentan voluntariamente a declarar. La investigación contra Adorni suma revelaciones sobre viajes, compras de propiedades y reformas que no se corresponderían con sus ingresos declarados.