Organizaciones ambientalistas y más de 850 mil ciudadanos presentaron un amparo colectivo ante la justicia federal de La Pampa para impugnar la reforma de la Ley de Glaciares, solicitando su suspensión y el restablecimiento de la normativa original.
En respuesta a la reforma de la Ley de Glaciares aprobada el pasado 9 de abril, las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace impulsaron un amparo colectivo presentado ante el juzgado federal de la provincia de La Pampa. La acción plantea la inconstitucionalidad de la reforma y cuenta con la adhesión de más de 850 mil personas a título personal.
La demanda exige que se suspenda en todo el territorio nacional la aplicación e implementación de la ley que, según los actores, debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, se solicita que continúe vigente la Ley 26.639.
En el bloque actor también participa Marta Maffei, autora de la ley original de glaciares, junto con asambleas y organizaciones territoriales de todo el país, como Asamblea Jachal no se Toca, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea Pucará, Asamblea en Defensa del Territorio, Asamblea Santa Cruz por el Agua, Multisectorial Golfo San Matías, Asamblea el Paraná No se Toca y Asociación Alihuén. También se sumaron organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales.
La acción judicial surge luego de un proceso legislativo que, según los demandantes, estuvo viciado: se negó la participación a más de 100.000 personas inscriptas en una audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados, incumpliendo con lo exigido por el Acuerdo de Escazú. Solo el 0,2% de los anotados pudo participar oralmente, y las reglas de la audiencia fueron modificadas una vez abierta la inscripción, con criterios que los denunciantes consideran arbitrarios y poco transparentes.
La reforma es señalada como un retroceso ambiental que viola la Ley General del Ambiente, el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú y el sistema de presupuestos mínimos ambientales de la Constitución Nacional. La suspensión solicitada abarca toda reglamentación, resolución, acto administrativo o autorización vinculada a la ley, incluyendo la aprobación de proyectos mineros cuyas áreas se superpongan con glaciares según el Inventario Nacional de Glaciares y los dictámenes del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).
Los glaciares y el ambiente periglacial alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de 7 millones de personas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ratificó por unanimidad en 2019 que la Ley de Glaciares es constitucional y que el dominio provincial sobre los recursos no permite perforar el piso de protección federal.
Las organizaciones convocaron a una conferencia de prensa virtual para el martes 5 a las 12 horas, con el fin de responder preguntas sobre la acción judicial.