El juez federal Claudio Marcelo Vázquez ordenó frenar la aplicación de la reforma de la Ley 26.639 en la provincia de Santa Cruz, tras un amparo presentado por autoridades de El Calafate. La medida cautelar impide cualquier actividad en glaciares y zonas periglaciares hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Horas después de que entrara en vigencia la adecuación de la ley de Glaciares con su publicación en el Boletín Oficial, la Justicia Federal de Río Gallegos ordenó suspender la aplicación de la reforma de la Ley 26.639 en la provincia de Santa Cruz y dispuso un freno inmediato a cualquier intento de habilitar actividades en zonas glaciares y periglaciares, en una decisión que ya anticipa apelaciones y un recorrido judicial que podría escalar a instancias superiores.
La medida fue dictada por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, quien hizo lugar a una acción de amparo ambiental y resolvió una medida cautelar con efectos inmediatos. En su fallo, el magistrado dispuso la “suspensión de los efectos de la reforma de la Ley 26.639 en el ámbito de la provincia de Santa Cruz”, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
El núcleo de la resolución establece que el Estado Nacional deberá “abstenerse de autorizar y/o ejecutar actividades que puedan afectar glaciares y el ambiente periglacial”, lo que en los hechos implica congelar cualquier avance administrativo o productivo que pudiera encuadrarse dentro de la normativa cuestionada.
Dirigentes políticos de El Calafate pidieron suspender la adecuación a la ley de Glaciares, aunque los expertos remarcaron en audiencias públicas que ningún glaciar como el Perito Moreno se verá afectado por la nueva normativa. El amparo fue una demanda colectiva promovida por el Concejo Deliberante de El Calafate, representado por su presidenta Celia Barría; la Municipalidad de El Calafate, representada por su intendente Javier Belloni; el diputado provincial Carlos Alegría; y la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, todos con el patrocinio letrado de los abogados Juan Manuel Solari y Martín Fernández Swirkowicz.
En su escrito, los dirigentes reclamaron que se declare la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la reforma de la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial aprobada por el Congreso, pero hasta que la cuestión de fondo se resuelva, solicitaron una medida cautelar de no innovar tendiente a suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.
El juez federal Claudio Vázquez es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde obtuvo su título a mediados de los años 90. Tras recibirse, desarrolló actividad en el ámbito privado con estudio jurídico propio y también tuvo experiencia como asesor en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Antes de su carrera jurídica, trabajó durante varios años en el sector privado, en una empresa vinculada a la industria del neumático. Su salto al ámbito judicial se dio en 2015, cuando fue designado como juez subrogante en la Cámara Federal de Casación Penal. Su nombramiento se produjo en reemplazo del juez Luis María Cabral, en un contexto de alta tensión institucional vinculado a la causa por el Memorándum con Irán. Esa designación fue breve: su paso por Casación duró alrededor de ocho meses, en medio de cuestionamientos judiciales a la ley de subrogancias que finalmente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.
En 2020, fue propuesto por el entonces presidente Alberto Fernández para ocupar el Juzgado Federal N°1 de Río Gallegos, cargo que se encontraba vacante desde 2015. Su pliego fue aprobado por el Senado, consolidando su desembarco en la justicia federal patagónica. Desde su llegada al juzgado, Vázquez intervino en causas vinculadas principalmente al narcotráfico y delitos federales. Por ejemplo, dictó prisiones preventivas en investigaciones por comercialización y transporte de estupefacientes, avalando pedidos del Ministerio Público Fiscal en operativos realizados en la región. En el plano público, también ganó visibilidad por decisiones sensibles a nivel local, como el desalojo de manifestaciones o conflictos sociales en Santa Cruz, lo que lo posicionó como un juez con intervención en temas de alto impacto territorial.
Más recientemente, su nombre volvió al centro de la escena nacional por el fallo que suspendió la aplicación de la Ley de Glaciares reformada en Santa Cruz, una resolución que podría escalar a instancias superiores y tener impacto en la política ambiental y minera del país. La trayectoria de Vázquez no estuvo exenta de polémicas. Su designación inicial como subrogante en Casación generó cuestionamientos políticos y judiciales, y su perfil fue objeto de críticas por sectores de la oposición. Además, en los últimos años enfrentó denuncias administrativas y sindicales por supuestas irregularidades en su gestión al frente del juzgado, aunque estos planteos forman parte de procesos en curso y no implican necesariamente resoluciones judiciales firmes.