Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego darán a conocer novedades sobre la presentación que realizaron a finales de julio ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la que solicitaron revisar la proscripción perpetua y las condiciones de la prisión domiciliaria.
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner anunciaron este martes que aportarán nuevas pruebas a la causa Vialidad que, según sostienen, respaldan la inocencia de la expresidenta. «Estábamos convencidos de que la verdad iba a salir a la luz», declaró Alberto Beraldi durante una conferencia de prensa.
Según los letrados, las empresas de Lázaro Báez no habrían sido beneficiadas por los Fondos del Fideicomiso del Transporte, decreto por el cual fue condenada. «La imputación es falsa», continuó Beraldi. En tanto, el brasileño Rafael Valim agregó: «No hay ningún fundamento fáctico para condenarla».
Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego citaron a la prensa para comunicar «información de relevancia» referida a la comunicación individual que presentaron a finales de julio ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la que documentaron un total de ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el proceso judicial contra la exmandataria.
En la presentación, los abogados afirmaron que el juicio constituyó una violación de múltiples garantías y remarcaron que «el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral» de Kirchner. «La condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones», sostuvieron, y agregaron que «la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos».
En el documento elevado a la ONU también cuestionaron la legalidad de la condena. Consideraron que «se atribuyó la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente» y que la sentencia «se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente». Además, señalaron que «se impidió una adecuada defensa».
Las ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Artículo 25: derecho a votar y ser elegido. Los abogados aseguran que el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral de Cristina Fernández de Kirchner para impedir su candidatura en futuras elecciones. Y que la inhabilitación perpetua es una restricción indebida de sus derechos políticos.
- Artículo 14: derecho a un juicio justo. La defensa señala que se atribuyó a la exmandataria la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente. La condena se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente. Se impidió una adecuada defensa.
- Artículo 14.1: derecho a un Tribunal competente, independiente e imparcial. Los órganos judiciales no fueron los jueces naturales, ya que, según afirman, hubo irregularidades en la asignación de causas. Acusaron a los jueces y fiscales de tener relaciones personales con políticos opositores.
- Artículo 14.2: derecho a la presunción de inocencia. Afirman que desde el inicio del proceso existió una presunción de culpabilidad.
- Artículo 14.3: derecho a tiempo y medios adecuados para preparar la defensa. Los abogados manifiestan que se incorporaron pruebas de otros procesos sin posibilidad efectiva de contradicción.
- Artículo 14.5: derecho a que la condena sea revisada por un tribunal superior. La Cámara de Casación no examinó realmente los agravios formulados por la defensa.
- Artículo 14.7: prohibición de juzgar o condenar dos veces a una persona por los mismos hechos (ne bis in idem). Los letrados afirman que 49 de las 51 obras públicas ya habían sido objeto de investigaciones anteriores concluidas mediante archivo o sobreseimiento.
- Artículo 2.3 a) y b): derecho a un recurso efectivo. El sistema interno no proporcionó un recurso judicial efectivo. La actual composición reducida de la Corte Suprema (tres miembros) impide un examen independiente.
En el marco de la presentación, como medida cautelar, la expresidenta solicitó la suspensión de la inhabilitación perpetua. Consideró que la sentencia se basó en «evidentes arbitrariedades» y que «la perpetuidad incumple precedentes claros del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas».
Además solicitó el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema, al sostener que su actual conformación afecta el Estado de Derecho y el derecho a un recurso efectivo.
Por último, en la presentación ante la ONU pidió que se modifiquen las condiciones de la prisión domiciliaria. Entre ellas, mencionaron el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de las restricciones de visitas, el acceso al aire libre, un tratamiento igualitario respecto de otras personas en prisión domiciliaria, el cese del trato discriminatorio y degradante y que las autoridades argentinas no la responsabilicen por las manifestaciones de terceros frente a su domicilio.
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