El secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales, Walter Bernard, advirtió que la iniciativa remitida a la Legislatura afectaría los derechos salariales del resto del personal judicial, al excluirlos de un adicional exclusivo para magistrados.
El secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales, Walter Bernard, expresó su rechazo al proyecto de ley de intangibilidad salarial para magistrados que fue remitido a la Legislatura provincial. En declaraciones a CIUDAD TV, Bernard afirmó que la iniciativa podría afectar los derechos salariales del resto de los trabajadores del Poder Judicial.
Bernard sostuvo que el proyecto replica situaciones ocurridas en conflictos salariales anteriores del sector. “Lo que vemos con este proyecto de ley es que están incidiendo nuevamente en lo mismo. En definitiva, es generar un adicional exclusivo para los magistrados, dicen acá los que iniciaron la demanda, excluyendo al resto del personal el derecho de propiedad, que es la ley 468, que es la ley de porcentualidad, básicamente”, declaró.
El dirigente explicó que los empleados judiciales perciben sus salarios en relación porcentual con los haberes de los magistrados. “Nosotros no cobramos lo mismo que cobra un ministro del Superior Tribunal de Justicia, o juez de cámara que está en el orden de los 7 millones de pesos hoy. Lo que cobramos es un porcentaje de lo que cobra el juez del Superior Tribunal de Justicia”, indicó.
En ese marco, Bernard señaló que el proyecto “está afectando el derecho de propiedad del resto del personal judicial” y consideró que la iniciativa debe ser debatida con todos los sectores involucrados.
El secretario general recordó que existía una mesa técnica integrada por representantes del Superior Tribunal de Justicia, magistrados, gremios judiciales y el Ejecutivo provincial, en la que se analizaba la situación salarial del sector con el objetivo de alcanzar la media nacional. “Se lo planteó siempre en esta mesa llegar a la media nacional. Y nos enteramos estando en la concentración que este proyecto de ley había ingresado a la Legislatura”, relató.
Según Bernard, el gobierno anterior había enviado un decreto a la Legislatura para avanzar progresivamente hacia ese objetivo. “Cuando asume este nuevo gobierno, nos plantea que en ese momento no podía llegar a la media nacional, pero que sí lo iba a hacer en un plazo de un año, aproximadamente”, afirmó.
El dirigente también mencionó antecedentes de decisiones salariales que beneficiaron de manera diferenciada a los magistrados, como la sentencia del denominado juicio del 13% y la sentencia 296, de 1983. “En esos tiempos, el Ministerio de Economía planteaba que no alcanzaba para pagar a todo el personal, magistrados que se fueron dando aumentos salariales excluyendo al resto del personal, a partir de adicionales exclusivos para ellos”, recordó.
Para Bernard, el escenario actual presenta similitudes con aquellos antecedentes y podría generar un perjuicio sobre el conjunto de los trabajadores judiciales. “Este proyecto de ley impacta directamente en un derecho de propiedad de los trabajadores judiciales, del resto del personal judicial. ¿Va a afectar gravemente al resto del personal judicial? Por supuesto que sí”, afirmó.
Por último, cuestionó que la iniciativa haya ingresado a la Legislatura a partir de una demanda judicial y reclamó que el tema sea discutido con “razonabilidad y prudencia”. “Hoy día nos encontramos directamente con un proyecto de ley en la Legislatura que atiende a una supuesta demanda judicial. O sea, por sentencia los jueces están nuevamente ordenando al Poder Ejecutivo y Legislativo que hagan este tipo de movimientos perjudicando al resto del personal”, concluyó.