El Ente Nacional de Comunicaciones formalizó un convenio con la empresa Starlink, de Elon Musk, para brindar conectividad satelital a 6.000 establecimientos educativos rurales. El acuerdo, que no fue sometido a licitación pública, implicará un costo inicial de casi 21,9 millones de dólares del Fondo del Servicio Universal.
El Gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), formalizó un acuerdo con la empresa Starlink, propiedad de Elon Musk, para conectar a 6.000 escuelas rurales de todo el país. La operación fue presentada como una «donación con cargo» y no fue sometida a licitación pública.
Según la resolución del Enacom, el convenio compromete cerca de 21,9 millones de dólares del Fondo del Servicio Universal (FSU). Starlink aportará aproximadamente 10 millones de dólares en kits, accesorios y los primeros dos años de servicio. El Estado destinará unos 11,9 millones de dólares para instalación, soporte técnico, monitoreo y un tercer año de conectividad. Una vez finalizado ese período, las provincias y municipios que adhieran al programa deberán afrontar el costo del servicio.
La periodista especializada en tecnología Irina Sternik, en una publicación de Letra P, informó que Starlink cobrará alrededor de 160 dólares mensuales por establecimiento, mientras que la empresa estatal ARSAT ofrece prestaciones similares por un valor de entre 60 y 70 dólares mensuales.
Daiana García, licenciada en Economía y delegada de ARSAT, publicó una columna en el diario Tiempo en la que sostuvo que «hoy Arsat cuesta aproximadamente un tercio de lo que cuesta Starlink. Una diferencia significativa que demuestra que no buscan ahorrar o hacer más eficiente el Estado sino, lisa y llanamente, desfinanciar a ARSAT».
El acuerdo se formalizó luego de que Starlink enviara una carta de intención al Enacom el 15 de julio. Nueve días después, el Gobierno aprobó el convenio. La resolución encuadró el mecanismo como una «donación con cargo»: Starlink entrega los equipos y cubre parte del servicio, mientras el Estado financia otros componentes y, al concluir el período inicial, las jurisdicciones deberán continuar contratando el servicio.
El especialista en telecomunicaciones Martín Becerra cuestionó la celeridad del procedimiento y la ausencia de una licitación. Señaló que no hubo una evaluación técnica ni una consulta previa para determinar cuáles serían las 6.000 escuelas beneficiadas. También indicó que el Fondo del Servicio Universal se financia con un aporte del 1% de las empresas de telecomunicaciones que operan en el país, incluida Starlink. «Una parte significativa de esa financiación ha sido aportada, en algunos casos, por los competidores de Starlink», explicó el investigador del Conicet, quien cuestionó que la empresa acceda a esos recursos «mediante un proceso a dedo».
ARSAT actualmente brinda conectividad satelital a unas 1.845 escuelas —1.500 mediante el satélite ARSAT-1 y el resto a través del satélite SES-17— y coordina la conectividad terrestre de otros 11.000 establecimientos mediante operadores vinculados a la Red Federal de Fibra Óptica.
Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de ARSAT, declaró a Letra P que la empresa estatal está en condiciones de ampliar sus prestaciones: «Todos estos servicios, con el SG-1, los podríamos dar sin ningún tipo de problema, hasta 50 megas por segundo y sin estos límites de datos». Además, afirmó que «actualmente (el gobierno) le debe más de 60 millones de dólares a ARSAT en servicios prestados».
El especialista Enrique Carrier, citado por Letra P, sostuvo que una licitación abierta habría permitido evaluar diferentes tecnologías, condiciones y precios. También señaló que persisten interrogantes sobre el costo efectivo del servicio una vez finalizados los tres años iniciales.
En su columna, García ubicó el conflicto dentro de una discusión sobre el papel estratégico de la empresa estatal. Recordó que ARSAT administra una red de aproximadamente 34.000 kilómetros de fibra óptica, además de los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2, y que desde 2017 su programa de conectividad permitió llevar internet a miles de escuelas rurales. Sostuvo que existen casi 18.000 escuelas rurales en el país y cuestionó que, en lugar de avanzar sobre las que todavía no tienen conectividad, se busque reemplazar el trabajo que ya realiza ARSAT. También señaló que el Gobierno decidió migrar parte de los repositorios alojados en el Datacenter de ARSAT hacia Amazon y Google.