La Legislatura chaqueña pasó a comisión el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) ‘Chaco Invierte’, impulsado por el Ejecutivo provincial.
La Legislatura chaqueña pasó a comisión el proyecto de ley que estaba previsto como tercer punto del temario y que crea el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) “Chaco Invierte”. Según el Ejecutivo provincial, la herramienta busca “atraer nuevas inversiones, generar más puestos de trabajo registrados y acompañar el crecimiento de la economía provincial”.
En el inicio de la sesión, el diputado y jefe de la bancada Chaco Puede, Iván Gyoker, justificó su tratamiento en extraordinaria y explicó: “No podemos demorarlo en su tratamiento porque hace a la generación de inversión, de generación de trabajo de nuestros comprovincianos, para que dejemos de ser una provincia sumida en la pobreza y seamos una provincia de oportunidades”.
Más adelante, obró de miembro informante y aseguró que es una ley “prioritaria para la agenda que viene en esta Legislatura. La provincia tiene que tener competitividad en un marco de competencia fiscal entre las provincias que tengamos beneficios para quienes quieren invertir y desarrollar su actividad económica”. “Hemos sido la primera provincia del país en bajar ingresos brutos y esto nos pondría entre las primeras provincias del país en tomar medidas de eximiciones excepcionales para quienes quieran desarrollar una actividad económica”, agregó.
Aclaró que el proyecto debía ser analizado tanto en las comisiones de Trabajo como la de Hacienda, lo que no ocurrió debido al tratamiento extraordinario. Por lo que pidió que vuelva a comisión.
Entre las principales medidas del proyecto se destacan:
- Ayuda para reducir el costo de los créditos destinados a inversiones productivas.
- Descuentos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante los primeros años del proyecto.
- Exención del Impuesto de Sellos para determinados créditos de inversión.
- Certificados de Crédito Fiscal que permitirán recuperar parte de la inversión realizada en obras de infraestructura y utilizarlos para pagar impuestos provinciales.
- Estabilidad tributaria por 30 años para los proyectos aprobados, evitando aumentos en la carga tributaria provincial durante ese período.