La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó la apertura del juicio oral para ocho efectivos de la Policía del Chaco acusados de integrar una organización que sustrajo 9,490 kilos de cocaína durante un procedimiento de incineración en Colonia Benítez. Se requirieron penas de entre 8 y 15 años de prisión.
La Fiscalía Federal de Resistencia formuló la acusación formal y solicitó la apertura del juicio oral contra ocho efectivos de la Policía del Chaco, acusados de integrar una organización que habría sustraído casi 10 kilos de cocaína durante un procedimiento oficial de incineración de estupefacientes.
La presentación fue firmada por los fiscales federales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg, quienes consideraron concluida la investigación preparatoria y requirieron que la causa avance a la etapa de debate oral. Los imputados son Gustavo Andrés Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, César Alegre, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García.
El hecho
Según la acusación, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2025 durante un procedimiento de quema de estupefacientes realizado en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en Colonia Benítez. La Fiscalía sostiene que parte del personal policial encargado de la custodia, traslado e incineración de la droga aprovechó esa función para retirar de la esfera de custodia oficial nueve kilos y 490 gramos de cocaína.
La hipótesis fiscal indica que cinco de los efectivos (Quizama, Ramírez, Almirón Núñez, Urne Canteros y Acosta) participaron directamente de la sustracción, mientras que el comisario César Alegre habría organizado la maniobra. A Villalba y García se les atribuye haber intervenido en la tenencia del estupefaciente con fines de comercialización, aunque no estuvieron presentes en el lugar al momento de la sustracción.
La detección de la maniobra
La maniobra fue advertida por Martín Innocente, secretario penal del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, quien participaba del procedimiento de incineración. Innocente observó movimientos que consideró irregulares durante el traslado de uno de los secuestros desde la mesa de pesaje hacia la camioneta policial. Luego de advertir un intercambio entre Quizama y Ramírez, pidió que una de las cajas fuera nuevamente pesada. El primer pesaje arrojó 8,700 kilos, mientras que el segundo registró 7,585 kilos, lo que dejó al descubierto un faltante superior a un kilogramo.
La posterior requisa de la camioneta policial permitió encontrar nueve ‘panes’ de cocaína ocultos en distintos sectores del vehículo y en una mochila perteneciente a uno de los imputados. El total del material secuestrado ascendió a 9,490 kilos y su valor de referencia en plaza fue estimado en 142.350 dólares.
Dentro de una mochila perteneciente a Urne Canteros fue hallado un paquete que simulaba contener cocaína, pero cuyo contenido era yeso. Para el Ministerio Público Fiscal, ese elemento formaba parte de un plan para sustituir la droga sustraída y disimular su faltante durante el procedimiento.
Evidencias y roles
La acusación se apoya en el análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados. Las pericias permitieron reconstruir comunicaciones previas y posteriores al procedimiento que evidenciarían la planificación de la maniobra y la existencia de distintos roles dentro de la organización. Se mencionan conversaciones sobre la próxima ‘quema’, la posibilidad de ‘rescatar algo’ y contactos para colocar el material en el mercado ilegal. También se incorporaron mensajes sobre la necesidad de contar con cinta y la confección de ‘panes’ de yeso para sustituir los paquetes de cocaína.
La Fiscalía atribuye al comisario Alegre un lugar central en la estructura, dado su cargo como jefe de la División Operaciones Metropolitana y su intervención en la organización del procedimiento de quema.
Calificación legal y penas solicitadas
La Fiscalía calificó la conducta de Quizama, Ramírez, Urne Canteros, Acosta y Almirón Núñez como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención organizada de tres o más personas y por la calidad de funcionarios públicos, en concurso real con el delito de peculado. Para Alegre, se le atribuye la organización de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su calidad de funcionario público, también en concurso real con peculado. Villalba y García son acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la cantidad de intervinientes y la condición de funcionarios públicos.
La Fiscalía requirió penas de entre ocho y quince años de prisión para los ocho acusados, junto con multas, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, accesorias legales y costas del proceso. La pena más alta (15 años) fue solicitada para el comisario Alegre. Para Ramírez se pidieron 12 años; para Quizama, Urne Canteros y Almirón Núñez, 11 años cada uno; para Acosta, 8 años; y para Villalba y García, 8 años cada uno.
Próximos pasos procesales
La presentación de la Fiscalía se realizó en los términos de los artículos 268 y 274 del Código Procesal Penal Federal. La acusación fue presentada el martes de esta semana. La jueza de Garantías 1, Zunilda Niremperger, deberá analizar el requerimiento fiscal y, en caso de cumplirse los requisitos procesales, avanzar hacia el debate oral.