Organizaciones ambientalistas y de excombatientes presentaron una demanda preventiva ante la Justicia Federal para detener el proyecto hidrocarburífero León Marino, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, Surfrider Argentina y la Asamblea Comunidad Costera de Tierra del Fuego presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia territorial sobre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La demanda solicita la paralización inmediata del proyecto hidrocarburífero León Marino (Sea Lion), promovido por la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development. El proyecto se desarrollaría en los bloques PL032 y PL004b de la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.
Según la presentación, las empresas carecen de autorización oficial y de evaluación de impacto ambiental. Además, se informa que la Secretaría de Energía declaró clandestina e inhabilitó a Rockhopper para operar en el país por 20 años en 2012 y 2013, y aplicó una sanción equivalente a Navitas en 2022. La Cancillería argentina rechazó formalmente los anuncios de inversión por vulnerar la legislación soberana y las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre descolonización.
La demanda incluye un pedido de embargo preventivo por 156,4 millones de dólares sobre los activos de las empresas, así como la notificación a entidades regulatorias financieras e instituciones crediticias internacionales. También se solicita la suspensión de cualquier movimiento del lecho marino y el cese de obras en la zona.
El proyecto contempla la instalación de 23 pozos en sus dos primeras fases, conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de crudo. Se prevé infraestructura terrestre y portuaria en Puerto Argentino para acopio de insumos químicos, combustibles y lodos de perforación. Según las operadoras, las obras iniciales comenzarían en 2026, la perforación en 2027 y la etapa comercial en el primer semestre de 2028, con una proyección operativa superior a 30 años.
Desde el punto de vista ecológico, la demanda advierte sobre el riesgo para las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur, que albergan especies protegidas de mamíferos marinos, aves y peces. Los demandantes sostienen que las licencias otorgadas por la administración colonial británica carecen de validez jurídica.