La iniciativa Nº2534/2025, presentada por los diputados Rodolfo Schwartz y Rubén Guillón, busca replicar en la provincia la Ley Nacional 26.160 para frenar desalojos de familias Qom, Moqoit y Wichí y avanzar en la entrega de títulos de propiedad comunitaria.
La Cámara de Diputados del Chaco tiene en tratamiento el proyecto de ley Nº2534/2025, presentado por los diputados Rodolfo Schwartz y Rubén Guillón, que propone la suspensión de desalojos de comunidades indígenas Qom, Moqoit y Wichí en la provincia. La iniciativa busca funcionar como una «Ley 26.160 provincial», en reemplazo de la normativa nacional de emergencia territorial que perdió vigencia.
Según informaron los legisladores, el proyecto obtuvo despacho favorable por mayoría en la Comisión de Pueblos Indígenas y en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En la Comisión de Tierras, el dictamen de mayoría correspondió al Frente Chaco Puede, que decidió mantener el texto en estudio, lo que dificulta su avance hacia el recinto.
El punto central de la propuesta es la suspensión de todos los desalojos de familias indígenas, en un contexto en el que las normas nacionales vigentes, impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, buscan agilizar los procedimientos de expulsión. Además, el proyecto contempla un Plan Operativo de Reparación Histórica de Tierras para la entrega de títulos de propiedad comunitaria.
Claves de la propuesta
- Mapa de tierras (plazo de 3 años): se completarán los estudios sobre las tierras ocupadas por las comunidades, cruzando datos oficiales con el relato de los ancianos y ancianas.
- Participación en cada departamento: se conformarán mesas de trabajo en el interior provincial para que los representantes de cada pueblo participen en las decisiones sobre su territorio.
- Trámites gratuitos: un Fondo Provincial cubrirá los gastos de mensuras, planos y peritajes para la titularización de tierras.
Resguardo de lugares sagrados
La norma establece que la tierra indígena no podrá ser vendida, embargada ni transferida, y prevé una protección especial para cementerios y sitios sagrados, donde no se podrán realizar obras sin el permiso expreso de las asambleas comunitarias. El proyecto fija un plazo de 18 meses para relevar y registrar esos lugares.
Con los dictámenes de mayoría emitidos en las comisiones técnicas, la iniciativa busca superar las trabas políticas en la Cámara de Diputados para lograr su tratamiento y aprobación en el recinto.