Un proyecto de ley ingresó al Congreso para crear una infraestructura pública de pagos digitales administrada por el Banco Central, inspirada en el modelo brasileño PIX.
Un proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el 14 de agosto, impulsado por el diputado nacional de Unión por la Patria, Santiago Luis Roberto, para crear la Autopista Nacional de Pagos (ANAP), una infraestructura pública de transferencias y pagos digitales inmediatos administrada por el Banco Central.
La iniciativa, que replica el modelo brasileño PIX y el indio UPI, establece que el Estado ofrezca una infraestructura «abierta, neutral, no discriminatoria e interoperable» sobre la cual operarían bancos y billeteras. Según el texto, «ANAP no reemplaza al sector privado, redefine la infraestructura base para que el mercado compita sobre ella».
La ANAP permitiría transferencias inmediatas entre personas, QR interoperable, débitos automáticos consentidos, pagos recurrentes, pedidos de pago electrónicos, pagos entre personas y comercios, pagos al Estado y del Estado a las personas, transferencias masivas (sueldos, planes sociales) y transferencias internacionales cuando la reglamentación lo habilite.
Para las personas, las operaciones serían gratuitas. Para comercios y empresas, se fijan aranceles máximos según el tamaño: 0,15% para microempresas, 0,25% para pequeñas, 0,35% para medianas y 0,50% para grandes. Además, se permitiría identificar cuentas con CUIT, CUIL, DNI, teléfono o correo electrónico, además de CBU, CVU o alias.
En Argentina ya existe Transferencias 3.0, un esquema de pagos digitales lanzado por el BCRA en 2021 que permite pagos con QR interoperables. El proyecto ANAP pone en debate si es necesario que el Estado construya y opere una infraestructura propia o si alcanza con mejorar la existente.
Diego Kupferberg, especialista en negocios digitales, sostuvo que «Argentina no está en el punto de partida de PIX en Brasil en 2020: hoy ya hay interoperabilidad de QR, alias, CVU, CBU y una cámara compensadora como COELSA funcionando». Añadió que «lo que propone ANAP es distinto en naturaleza, pero no en grado: que el Estado pase de fijar el estándar técnico a operar directamente los rieles».
Kupferberg señaló como «flanco delicado» que el Banco Central sea juez y parte, ya que operaría una cámara de pago mientras regula el sistema. «Esa acumulación de roles no es necesariamente mala, pero exige bordes muy claros entre la función de supervisión y la función comercial», afirmó.
También destacó que la ANAP traería «liquidación en tiempo real garantizada por el Estado, un tope de comisiones que no dependa de la voluntad del mercado y tiempos de acreditación uniformes con compensación automática por demora», y podría «colaborar con la formalización de los pagos en comercios».
Otra iniciativa, presentada por el diputado Guillermo Michel (Unión por la Patria), propone una Ley de Modernización del Sistema Nacional de Pagos. Esta no crea una red nueva, sino que encomienda al Banco Central modernizar el esquema existente. Entre sus objetivos: reducir costos de operar con medios electrónicos, masificar el acceso a pagos digitales, garantizar interoperabilidad plena y modernizar la infraestructura de procesamiento.
Los cambios concretos que impulsa incluyen: tope a comisiones para comercios (1% con tarjeta de crédito y 0,50% con débito, prepagas, transferencias y débitos inmediatos), límite de 0,25% a lo que se cobran entre sí los players del sistema, exención de retenciones para ventas digitales hasta 250 UVA, plazos máximos de acreditación (desde el instante del pago en transferencias hasta 10 o 15 días en tarjeta de crédito), creación de un Sistema Integrado de Pagos y Liquidaciones que funcionaría 24/7, e invitación a provincias y municipios a bajar percepciones como Ingresos Brutos.
En paralelo, un grupo de diputados, incluido Michel, presentó una denuncia ante la Autoridad Nacional de la Competencia para investigar a 91 billeteras virtuales y 687 proveedores no financieros por presuntas prácticas anticompetitivas en tasas y condiciones de créditos. Entre las plataformas mencionadas figuran Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay y Cocos.
Kupferberg concluyó que «el objetivo de fondo, que son pagos más baratos y más rápidos, se puede lograr regulando mejor lo que ya funciona», y que «la creación de ANAP como ‘ente aparte’ solo se justifica si el diagnóstico es que los operadores actuales no van a ceder margen sin que el Estado entre a competir directamente».