El fiscal federal Carlos Martín Amad imputó a 15 personas, entre ellas funcionarios y médicos, por integrar una organización dedicada a la obtención fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento de Anta, Salta.
El fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, imputó el miércoles pasado a quince personas, diez de ellas funcionarios públicos, por su presunta participación en una organización dedicada a falsificar certificados médicos y documentación para la gestión y obtención de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento de Anta, Salta.
La investigación, que se inició en julio de 2024, se centra en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González, donde se registran 4.305 beneficiarios de estas pensiones, lo que representa más del 15 por ciento de la población local.
La imputación fue formalizada ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, quien autorizó un plazo de investigación de un año y la anotación de litis sobre los bienes de los acusados. Entre los imputados se encuentran el actual diputado provincial por Anta, Francisco Gerardo Orellana, quien también es médico; el exgerente del hospital de El Quebrachal, Oscar Luna; y otros profesionales de la salud, como José y Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres y Roberto Bernardino Morales.
La fiscalía atribuyó a los acusados los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes de funcionario público. Este último delito no se imputó a quienes no se desempeñaron en la administración pública.
Según la investigación, la maniobra consistía en la emisión de certificados médicos falsos y la adulteración de exámenes para acreditar enfermedades inexistentes, como mal de chagas, diabetes o problemas de columna, con porcentajes de incapacidad laboral superiores al 66 por ciento, requisito para obtener la pensión.
El fiscal indicó que los aspirantes, en situación de vulnerabilidad, eran derivados a consultorios privados de los propios imputados, donde se les cobraba por los trámites, cuyo costo podía superar los 300 mil pesos y, en algunos casos, llegar al millón. Para afrontar esos pagos, los beneficiarios recurrían a préstamos o venta de bienes.
En el caso, se realizaron 26 allanamientos en domicilios, consultorios, hospitales y municipalidades, donde se secuestraron teléfonos celulares y documentación. La fiscalía también informó que un informe de Gendarmería Nacional detectó que unos 9.000 beneficiarios de pensiones por discapacidad en la ciudad de Salta no cumplirían los requisitos, lo que representaría un perjuicio mensual de 3.240 millones de pesos.
El fiscal Amad relacionó este caso con uno similar detectado en la localidad chaqueña de Taco Pozo, donde ya hay 14 imputados a la espera de juicio.