María Graciela Canal y Sergio Nicolás Clinis Canal se presentaron voluntariamente en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda, y fueron detenidos por pedido de la Justicia Federal de Resistencia en el marco de la causa por lavado de activos.
Dos personas que tenían alerta roja de Interpol se entregaron este miércoles en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda, y quedaron detenidas en el marco de la causa por lavado de activos que tramita en la Justicia Federal de Resistencia. Se trata de María Graciela Canal y Sergio Nicolás Clinis Canal, quienes se presentaron voluntariamente ante funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones.
Según informaron fuentes judiciales, el procedimiento se produjo alrededor de las 5 de la madrugada. Al consultar sus datos en el Sistema de Captura Migratoria (SICAM), los agentes detectaron que ambos registraban alertas rojas de Interpol. Ante esa situación, se solicitó a Interpol la compulsa de antecedentes mediante el sistema I-24/7, que confirmó que figuraban como «BUSCADOS» con finalidad de «DETENCIÓN» por el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haber sido cometido como integrante de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.
La orden de captura había sido solicitada por Interpol a requerimiento del Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia N°1, Secretaría Penal N°3, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger. Canal y Clinis Canal quedaron detenidos y fueron trasladados a dependencias del Escuadrón 16 «Clorinda», a disposición de la Justicia Federal.
Ya son cinco los detenidos
Los dos nuevos arrestos se suman a los realizados el viernes pasado durante un megaoperativo de la Policía del Chaco y Gendarmería Nacional en Chaco y Corrientes. En aquella jornada fueron detenidos Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane, mientras que Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek quedaron imputados pero en libertad.
El operativo incluyó 18 allanamientos con la participación de unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 de la Policía del Chaco. La investigación está a cargo del fiscal general Patricio Sabadini y se tramita ante el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Resistencia.
La pista que llevó hasta el grupo familiar
El expediente se inició a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido. Ese testimonio vinculó al grupo familiar investigado con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal que ya era objeto de una investigación por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
La hipótesis sostiene que parte del dinero de origen presuntamente ilícito habría sido incorporado al circuito económico formal mediante distintas actividades comerciales, entre ellas la apertura y expansión de la cadena de gimnasios Exen. Según el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 Exen llegó a contar con siete establecimientos.
«Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado», sostuvo Sabadini en su requerimiento.
Más de $2.500 millones en inversiones estimadas
Las fuerzas federales realizaron un relevamiento sobre seis establecimientos vinculados a Exen. El informe preliminar tomó como referencia la superficie de los locales y un valor de $510.000 por metro cuadrado. Sobre esa base, los seis establecimientos relevados suman 4.947 metros cuadrados, con una inversión estimada de poco más de $2.523 millones.
Entre los inmuebles relevados figuran el Exen-Hotel Guaraní (567,18 m², estimación de $289.261.800), Exen-Hiper Cucher (2.541,95 m², $1.296.394.500) y Exen-Barranqueras (493,49 m², $251.679.900). También fueron relevados los establecimientos de avenida Las Heras ($253.373.100), avenida Arturo Illia ($214.194.900) y Santiago del Estero ($218.229.000).
La cifra constituye una estimación realizada a partir del valor de referencia por metro cuadrado y no equivale necesariamente al dinero efectivamente desembolsado ni al valor de los bienes secuestrados. El dato deberá ser contrastado con la documentación contable, patrimonial y financiera incorporada al expediente.
La hipótesis del lavado y la «inyección de capitales»
La acusación sostiene provisoriamente que los siete imputados habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y dinero cuyo origen sería ilícito. La Fiscalía investiga si parte de esos fondos podrían provenir del narcotráfico y de otros delitos.
Uno de los elementos señalados es la «vertiginosa y simultánea inyección de capitales en equipamiento e infraestructura edilicia». La pesquisa alcanza movimientos bancarios, billeteras virtuales, proveedores de servicios de activos virtuales, registros de vehículos e inmuebles, información tributaria y movimientos migratorios.
Minería de criptomonedas y conexiones eléctricas clandestinas
En uno de los inmuebles vinculados al grupo, ubicado en Mitre 709, donde funcionaban oficinas administrativas relacionadas con Exen, los investigadores encontraron equipamiento destinado a la minería de criptomonedas. Personal de Secheep detectó una conexión clandestina de energía eléctrica, además de irregularidades eléctricas en el gimnasio de avenida Illia y en la sede de Santiago del Estero.
Durante los procedimientos fueron secuestradas máquinas, equipamiento de gimnasios, dinero, documentación, automóviles y dispositivos vinculados con la minería de criptomonedas. Estos elementos deberán ser sometidos a peritajes contables, financieros e informáticos.
La investigación quedó con cinco personas detenidas y dos imputados en libertad, mientras la Justicia Federal avanza sobre la estructura patrimonial y comercial del grupo.