Una mujer fue detenida en Tigre acusada de integrar una organización que captaba civiles y exintegrantes de fuerzas de seguridad para enviarlos a la guerra entre Ucrania y Rusia. Su pareja permanece prófuga.
La Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal general Sergio Néstor Mola, en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, solicitó y obtuvo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora el allanamiento y la detención de una mujer investigada por formar parte de una organización que reclutaba personas para enviarlas a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia.
Según la investigación, la mujer y su pareja serían los encargados de captar de manera engañosa y trasladar al extranjero tanto a civiles como a exintegrantes de fuerzas de seguridad para que participen en el conflicto armado. La captación se realizaba mediante redes sociales, donde ofrecían incorporarse al ejército ucraniano por un período de seis meses a tres años a cambio de un salario cercano a los 3000 dólares. Las condiciones contractuales no podían ser reveladas por razones de seguridad, y se les entregaba un contrato redactado en ucraniano que contenía actividades ajenas al ámbito militar. Además, los reclutadores impartían instrucciones a los ciudadanos sobre la versión que debían dar en el aeropuerto ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria o la compañía aérea, forzándolos a decir que viajaban para trabajar en construcción.
El operativo fue llevado a cabo durante el fin de semana por la Policía Federal Argentina (PFA) en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Allí se detuvo a la mujer, pero no se pudo encontrar a su pareja, también acusado de integrar la organización, quien permanece prófugo. Según se comprobó, salió del país hacia Brasil pocos días antes del allanamiento.
A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Luis Armella indagará a la mujer por el delito de trata de personas, mientras se analiza el material incautado durante el procedimiento.
Reclutamiento
La investigación comenzó en marzo de este año, luego de que integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaran inconsistencias en los relatos de cuatro hombres que estaban en la zona de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se dirigían a Ucrania. Según señalaron desde la PSA, ninguno de los involucrados sabía quién les había comprado los pasajes, quién los recibiría en Europa ni podían explicar las tareas que iban a desempeñar. Tampoco tenían pasajes de regreso ni dinero suficiente para afrontar la estadía.
Con el avance de la investigación, se reconstruyó que los cuatro habían sido reclutados a través de plataformas web para luchar en el conflicto armado por un salario cercano a los 3000 dólares, aunque nunca llegaron a firmar el contrato que lo estipulara. Tras tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y discreta vigilancia, se identificó a los presuntos integrantes de la organización.
Relevancia de la REDTRAM y una alerta morada de INTERPOL
En abril de este año, los fiscales Colombo y Mángano pusieron en conocimiento de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) las posibles maniobras de captación y traslado de ciudadanos argentinos hacia Ucrania para intervenir en el conflicto armado. Allí explicaron que el fenómeno presentaba indicios de organización estructurada y transnacional, con intervención de reclutadores locales que seleccionan perfiles, coordinan contingentes grupales y gestionan reservas de viaje solo de ida hacia países limítrofes del conflicto.
Los fiscales advirtieron que existían patrones consistentes en la generación de obligaciones económicas vinculadas al traslado, equipamiento o rescisión contractual que podrían operar como mecanismo de sujeción, limitando la libertad real de desvinculación y configurando posibles supuestos de servidumbre por deudas o trabajo forzoso. “La dinámica observada -que incluiría la captación mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, promesas de retribuciones económicas, cobertura de gastos de traslado, incumplimiento de las condiciones prometidas y la intervención activa de las presuntas víctimas en el conflicto armado– podría configurar supuestos de trata de personas con fines de explotación laboral o servidumbre”, explicaron.
En julio de 2026, INTERPOL lanzó una notificación morada para buscar o facilitar información sobre modus operandi, objetos, dispositivos y métodos de ocultación utilizados por los delincuentes. Allí, el Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia de Bogotá, Colombia, detectó una modalidad de reclutamiento de hombres jóvenes exintegrantes de fuerzas de seguridad, con el objetivo de que fueran trasladados, mediante ofertas laborales engañosas, hacia las zonas de conflicto armado en Europa.
Según la notificación morada, el modus operandi empleado por las organizaciones criminales consiste en la captación de ciudadanos colombianos bajo la promesa de altos salarios y beneficios migratorios, generando confianza a través de empresas fachada, contratos aparentes y reuniones en Bogotá. Posteriormente, se coordina el traslado internacional de las víctimas, y los captadores imparten instrucciones específicas para engañar a las autoridades migratorias. Una vez en destino, las víctimas son sometidas a retención y control mediante confiscación de documentos, aislamiento y deudas ficticias, por lo que son obligadas a participar en actividades de combate.