Ministros de Salud de nueve provincias del norte argentino se reunieron en Santiago del Estero y acordaron presentar un documento crítico ante el Consejo Federal de Salud por el desfinanciamiento del Programa Federal Incluir Salud.
En una reunión realizada en la capital de Santiago del Estero, ministros y ministras de Salud de las provincias del Norte Grande analizaron la situación del sistema de salud pública y el financiamiento del Programa Federal Incluir Salud. El encuentro fue encabezado por la ministra de Salud santiagueña Natividad Nassif, acompañada por Gustavo Sabalza, secretario de Salud de la provincia, y el coordinador general del ministerio Norberto Zanni.
Participaron José Manzur (Jujuy), Johana Elizabeth Carrizo (Catamarca), Juan Carlos Vergara (La Rioja), Emilio Lanari Zubiaur (Corrientes), Martín Monerris (Salta), Marcelo Montoya (Tucumán), y referentes de Chaco y Misiones. También asistieron representantes del Programa Incluir Salud de Santiago del Estero, Chaco, Misiones y las demás provincias del Norte Grande.
Durante la jornada, las autoridades sanitarias coincidieron en señalar que el sistema de salud pública enfrenta una situación crítica y que los recortes nacionales afectan la continuidad de tratamientos para pacientes vulnerables. Según el documento consensuado, el desfinanciamiento del Programa Incluir Salud ha obligado a las provincias a aportar recursos propios para evitar la interrupción de prestaciones como medicamentos de alto y bajo costo, diálisis, trasplantes, rehabilitación, prótesis, internaciones domiciliarias y transporte para tratamientos.
Como resultado del encuentro, se acordó conformar una mesa federal permanente de seguimiento de Incluir Salud, con participación de la Nación y las provincias. El documento será presentado ante el Ministerio de Salud de la Nación en la próxima reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA).
El Programa Federal Incluir Salud fue creado en 2011 para garantizar cobertura médico asistencial gratuita a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), que incluyen a personas con discapacidad, madres de siete hijos o más, mayores de 70 años en situación de pobreza, excombatientes de Malvinas y otros beneficiarios de pensiones asistenciales que no cuentan con obra social ni prepaga. El programa funciona con financiamiento nacional y gestión provincial descentralizada: la Nación transfiere fondos a las provincias adheridas, que administran los recursos a través de sus Unidades de Gestión Provincial (UGP).
Las autoridades sanitarias afirmaron que la situación genera incertidumbre en pacientes y familias, sobrecarga a los equipos provinciales, profundiza las desigualdades territoriales y aumenta los procesos de judicialización.
En Corrientes, el ministro de Salud Emilio Lanari Zubiaur explicó que la provincia realiza acuerdos con clínicas privadas para atender a pacientes indigentes que esperan cirugías programadas en hospitales públicos. En Misiones, el ministro Héctor González señaló ante la Legislatura provincial que la salud pública absorbe el 80% de la demanda sanitaria y que la demanda creció hasta un 20% en el último año, debido al desplazamiento de pacientes desde el sector privado hacia el público. En Salta, el ministro Federico Mangione indicó que las guardias están colmadas y que ha aumentado la cantidad de pacientes con obra social que recurren al hospital público porque no pueden afrontar los costos de la medicina privada.
Según un informe de la organización Soberanía Sanitaria, entre 2023 y 2024 el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud de la Nación registró una caída real del 31%, y en 2025 una reducción del 13% respecto del año anterior, acumulando una disminución real del 34% en relación con 2023. En el área de programas sanitarios, en 2024 el presupuesto ejecutado descendió un 35% en términos reales. El programa SUMAR sufrió una caída del 28%, mientras que el Programa de VIH registró una reducción cercana al 50%. En 2025, la caída total en programas sanitarios se moderó pero persistió una reducción real del 14% respecto del año anterior.
En el Presupuesto 2026, aprobado por el Senado en diciembre de 2025, los fondos destinados a la Salud aumentan un 2,7% real, pero las partidas específicas para el Ministerio de Salud caen un 13,7% en la proyección para 2026. El Presupuesto 2026 contempla un superávit primario equivalente al 1,2% del PBI, lo que implica una caída del 2,5% real en los gastos totales del Estado respecto al cierre previsto para 2025.
En mayo de 2025, con la recaudación en descenso, se recortó el presupuesto en el área de salud por casi 3 billones de pesos, reduciendo partidas que preveían 226.469 millones a unos 3,2 billones. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante los primeros dos años de la gestión del presidente Javier Milei, la Superintendencia de Servicios de Salud sufrió recortes del 70%, el Instituto Nacional del Cáncer del 54%, los fondos destinados a los hospitales nacionales cayeron hasta un 38%, y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sufrió un ajuste del 14%. La ejecución presupuestaria también cayó en el Instituto Malbrán (-22%), la ANMAT (-28%) y en los programas de atención sanitaria y prevención de enfermedades, con caídas que llegan hasta el 100%.