La Cámara de Diputados del Chaco aprobó este miércoles la Ley Nº 4250-J, que incorpora herramientas para prevenir y sancionar la violencia digital, regular el uso de contenidos generados por inteligencia artificial y reforzar la protección de las víctimas.
La iniciativa de la diputada provincial Magda Ayala se convirtió en ley este miércoles, luego de que la Cámara de Diputados del Chaco aprobara la Ley Nº 4250-J. La norma incorpora nuevas herramientas para prevenir y sancionar la violencia digital, regula el uso de contenidos manipulados o generados mediante inteligencia artificial y refuerza los mecanismos de investigación y protección de las víctimas.
La legislación incorpora al Código de Faltas un régimen específico para castigar la creación y difusión sin consentimiento de imágenes, videos y audios alterados, así como la utilización de identidades digitales falsas con fines de hostigamiento. Asimismo, introduce modificaciones al Código Procesal Penal para asegurar la preservación de la evidencia digital, habilitar medidas cautelares, facilitar las denuncias por medios electrónicos y promover la capacitación de operadores judiciales en materia de ciberdelitos.
“Con nuestro equipo venimos trabajando en este proyecto desde hace bastante tiempo. Lo presentamos en marzo y luego decidimos unificarlo con la iniciativa del diputado Gyoker porque entendimos que lo más importante era construir una herramienta que proteja a las personas frente a esta nueva modalidad de violencia”, sostuvo Ayala.
La legisladora destacó que la norma respeta las competencias provinciales y procura equilibrar la tutela de las víctimas con las garantías constitucionales. En ese sentido, subrayó que la ley prevé expresamente la protección de la actividad periodística, académica, científica y artística, evitando cualquier interpretación que pueda derivar en censura previa.
Ayala también agradeció el trabajo de los equipos técnicos que participaron en la elaboración del proyecto y consideró que la sanción de la Ley Nº 4250-J constituye “un paso significativo” para adecuar el marco normativo provincial a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y las formas emergentes de violencia en el ámbito digital.