jueves, 9 julio, 2026

El Gobierno aprobó un nuevo protocolo para detectar trata de personas en aeropuertos

El Ejecutivo nacional oficializó este lunes un nuevo protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en aeropuertos, que reemplaza la norma vigente desde 2018 y establece pautas obligatorias para la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El gobierno de Javier Milei aprobó este lunes un nuevo protocolo para la detección de situaciones de trata de personas en los aeropuertos de todo el país. La medida fue oficializada mediante la Resolución 468/2026 publicada en el Boletín Oficial, con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

La normativa crea el Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario, que reemplaza desde hoy la norma vigente desde 2018. En el dictamen se establece que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) será la autoridad superior responsable de trazar pautas de actuación para representar o descartar una hipótesis de trata de personas y los procedimientos a seguir.

Las autoridades señalaron que el delito “se ha transformado en sus dinámicas, modalidades y escalas, conformándose de manera creciente como un delito complejo y organizado, de carácter intra e internacional”. Agregaron que “el ámbito aeroportuario se ha ido consolidando en los últimos años como un espacio neurálgico para la movilidad humana y, asimismo, por la transnacionalización cada vez mayor de los delitos, en un ámbito de intervención clave para la conjuración de los mismos y el rescate de sus víctimas”.

La ministra Monteoliva instruyó al Director Nacional de la PSA a arbitrar los medios necesarios para la designación de oficiales referentes del delito de trata de personas. El nuevo protocolo será de aplicación obligatoria para todo el personal de la PSA y tendrá carácter reservado, debido a que su difusión podría comprometer la eficacia de las acciones operativas e investigaciones en curso, así como poner en riesgo la seguridad pública y la integridad de las personas.

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