Un estudio del Círculo de Políticas Ambientales señala que la flexibilización de controles en la importación de ciertos productos podría generar impactos ambientales y sanitarios, y trasladar costos a los municipios.
El Círculo de Políticas Ambientales (CPA) publicó un informe que analiza las consecuencias de la desregulación comercial impulsada desde diciembre de 2023 mediante el DNU 70. Según el documento, Argentina estaría importando lo que se denomina “residuos encubiertos”: productos como ropa usada, pilas y baterías, neumáticos recauchutados, artefactos médicos de segunda mano, juguetes y cosméticos que, por su baja calidad o escasa vida útil, se convierten rápidamente en desechos.
El informe indica que los controles preventivos fueron reemplazados por declaraciones juradas, auditorías posteriores al ingreso y reconocimiento automático de certificaciones extranjeras. Esto, según el CPA, implicó que el Estado resignara su capacidad de frenar en frontera el ingreso de productos peligrosos o de baja calidad, trasladando el riesgo a la población y la carga económica a los gobiernos locales. Las modificaciones más sustantivas se concentraron en 2025 y 2026, implementadas por decreto mediante facultades delegadas al Poder Ejecutivo.
“La desregulación no solo modifica las condiciones del comercio, sino también la forma en que el Estado previene riesgos ambientales y sanitarios. Cuando se reducen los controles sobre productos que pueden convertirse rápidamente en residuos o contener sustancias peligrosas, es fundamental evaluar quién asume esos costos y cómo se protegen la salud de la población y el ambiente”, afirmó María Eugenia Testa, directora del CPA.
El informe señala que las medidas son presentadas oficialmente como una forma de reducir costos, agilizar el comercio y ampliar la oferta para los consumidores. No obstante, plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar estándares adecuados de seguridad, calidad y protección ambiental.
Entre los principales riesgos mencionados se encuentra el posible ingreso de “residuos encubiertos”. “En un contexto donde la gestión de residuos ya enfrenta importantes desafíos, esto podría incrementar la presión sobre los sistemas municipales de recolección y disposición final, trasladando nuevos costos a los gobiernos locales”, señaló Testa.
El documento también advierte sobre los impactos sanitarios asociados a algunos bienes alcanzados por la flexibilización regulatoria: presencia de metales pesados en pilas y baterías, sustancias tóxicas en determinados plásticos, microplásticos en cosméticos e indumentaria y riesgos de seguridad en juguetes que no cumplan con estándares adecuados.
El trabajo destaca que parte de estas modificaciones fue posible mediante el uso de facultades delegadas al Poder Ejecutivo para modificar regímenes legales vigentes por decreto, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de control y debate institucional. “Se trata de un proceso de desregulación de baja visibilidad pública cuyos efectos más significativos probablemente se manifiesten de manera gradual en los próximos años, especialmente en materia de salud pública, gestión de residuos y protección ambiental”, concluyeron desde el CPA.
Fuente: Parlamentario