El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay declaró en rebeldía a Rubén Alberto Cabra, condenado a diez años de prisión por trata de personas, y ordenó su captura nacional e internacional tras constatar que incumplió las reglas de conducta impuestas.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay declaró en rebeldía y ordenó la captura nacional e internacional de Rubén Alberto Cabra, alias “Petro”, quien el 16 de junio pasado fue condenado a diez años de prisión por los delitos de trata de personas y promoción y facilitación de la prostitución. La medida fue dictada el 24 de junio por el juez Jorge Sebastián Gallino, luego de que se constatara que el condenado abandonó el domicilio fijado sin autorización judicial y no pudo ser localizado por la Gendarmería Nacional.
Cabra había llegado en libertad al debate oral iniciado el 22 de abril ante el TOF, integrado de manera unipersonal por la jueza Mariela Emilce Rojas. Durante el juicio, la fiscal federal Josefina Minatta solicitó en dos oportunidades la detención del imputado: primero tras la declaración de la víctima y luego al formular su alegato, pidiendo que la medida se hiciera efectiva al conocerse la sentencia. Ambos planteos fueron rechazados por el tribunal, que consideró que la libertad es la regla hasta que la sentencia quede firme. En su lugar, se le impusieron reglas de conducta: fijar un domicilio y no modificarlo sin autorización judicial, presentarse semanalmente ante la Sección Villa Ángela de Gendarmería Nacional, no salir del país sin autorización, no acercarse a la víctima en un radio de 100 metros y abstenerse de todo contacto con ella o su grupo familiar.
El 16 de junio, el tribunal encomendó a la Sección Villa Ángela notificar a Cabra para que suscribiera el acta con las reglas. Cuatro días después, la fuerza informó que al concurrir al domicilio declarado, la madre del condenado manifestó desconocer su paradero desde hacía aproximadamente un mes. Las tareas de averiguación incluyeron visitas a tres domicilios vinculados a Cabra y entrevistas con su madre, su pareja y una cuñada, quienes coincidieron en que desconocían su ubicación y que habían perdido contacto semanas antes. Una de ellas indicó que Cabra había retirado todas sus pertenencias de la vivienda donde residía. Ante esto, el juez Gallino declaró su rebeldía y libró la orden de captura nacional e internacional.
La causa se inició en 2019 a partir de una denuncia recibida a través de la Línea 145, derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Luego fue remitida a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, donde la fiscal Minatta logró identificar a la víctima en 2021. Inicialmente hubo dos imputados, pero el propietario del prostíbulo, Rubén Ángel Cabra —tío del condenado— falleció antes de ser indagado. En el juicio se acreditó que entre 2006 y fines de 2008, Cabra captó mediante una falsa oferta laboral a una adolescente de 17 años oriunda de Villa Ángela, Chaco, la trasladó a Concepción del Uruguay y la explotó sexualmente en un prostíbulo conocido como “Snack Bar”, donde fue sometida a violencia física, amenazas y endeudamiento.