El Consejo Agroindustrial Argentino y la COPAL enviaron una carta a la Cámara Alta en rechazo a la iniciativa que busca incorporar la figura de ecocidio al Código Penal, con penas de hasta 25 años de prisión.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) expresaron su rechazo al proyecto de ley que busca incorporar la figura de «ecocidio» al Código Penal. La iniciativa, impulsada por la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut), obtuvo dictamen favorable en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado.
Según el texto del proyecto, se crearía un nuevo capítulo bajo el título “Delitos contra el ambiente” para tipificar conductas que provoquen daños ambientales especialmente graves, extensos, duraderos o irreversibles. Las penas previstas son de tres a diez años de prisión, y podrían elevarse de cinco a quince años si el daño es irreversible. Si el hecho causara la muerte de una persona, la pena sería de cinco a veinticinco años; si las víctimas fatales fueran dos o más, el mínimo ascendería a diez años.
En una carta dirigida a los senadores, el CAA y la COPAL manifestaron su “profunda preocupación” y advirtieron que, de aprobarse, la normativa “constituirá una herramienta de coacción judicial susceptible de paralizar sectores estratégicos de la economía nacional”. También cuestionaron la definición de “daño ambiental irreversible”, que establece que se configurará independientemente de las medidas de mitigación o remediación humana aplicables.
Desde la Sociedad Rural, su director Andrés Costamagna afirmó que el proyecto “deja conceptos tan difusos que cualquier cosa va a poder ser interpretada como daño ambiental”. El presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, Fernando Rivara, señaló que no se define quién determinará la existencia de un daño irreversible ni bajo qué criterios técnicos o judiciales.
La senadora Terenzi sostuvo que la legislación argentina presenta un vacío en materia de delitos ambientales y que la iniciativa busca tipificar estas conductas de manera autónoma. Durante la aprobación del dictamen, afirmó: “Hemos logrado enriquecerlo con sugerencias de varios senadores”.
La senadora Patricia Bullrich, que firmó el dictamen, aclaró que el texto tendrá “muchas modificaciones” antes de avanzar y que el objetivo es sancionar incendios intencionales “y no perjudicar al campo”. Carolina Losada firmó en disidencia y coincidió en la necesidad de herramientas penales, aunque cuestionó la redacción actual.
El proyecto también contempla la responsabilidad penal de empresas, con multas de dos a cinco veces el beneficio indebido obtenido, y la posibilidad de suspensión de actividades por hasta 10 años. En caso de que el beneficio no pueda determinarse, la multa se calcularía entre el 10% y el 20% del capital social suscripto de la empresa.