El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña debió reiniciarse tras dos incidentes protagonizados por imputados. El abogado Alejandro Vecchi calificó los hechos como una desprolijidad y subrayó la necesidad de evitar cualquier motivo que pueda derivar en la nulidad del proceso.
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, cuando tenía 5 años, se reiniciará este miércoles 24 de junio. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Bracco y Eduardo Belforte, decidió comenzar el debate nuevamente tras una situación generada por uno de los 17 acusados.
El martes pasado comenzaron a ser juzgadas siete personas del caso principal, imputadas por la sustracción del menor y su posterior ocultamiento, y otras diez procesadas por delitos relacionados con maniobras para alterar o entorpecer la investigación. El incidente que provocó la suspensión fue protagonizado por Federico Rossi Colombo, psicólogo tucumano que forma parte del segundo grupo.
Rossi Colombo no se presentó presencialmente al inicio del juicio, fue declarado en rebeldía y luego se conectó por Zoom con un abogado diferente al que lo había representado. Esto generó tensiones y llevó al tribunal a postergar las audiencias para que su nueva defensora pudiera interiorizarse en el expediente. En el segundo día, otro imputado, Alan Cañete, llegó una hora tarde.
Alejandro Vecchi, abogado que junto a Belén Russo Cornara representa a los padres de Loan, calificó los sucesos como una “desprolijidad” que perjudica a las víctimas, pero reconoció que el tribunal tenía pocas alternativas para garantizar la validez futura del juicio. “La suspensión del juicio es un desastre para el querellante y para la víctima, porque Loan está vivo y hay que encontrarlo urgente”, afirmó en declaraciones a PERFIL. “Por eso cualquier suspensión del juicio es terrible, tremenda y mala”, añadió.
Vecchi remarcó que la prioridad debe ser evitar que el debate quede expuesto a cuestionamientos procesales que puedan derivar en su anulación. “Lo peor que podría pasar es que este juicio se anule por algún vicio introducido por algunos de los imputados, que pareciera ser que están para interrumpir, dilatar e introducir cuestiones como estas”, sostuvo. El letrado apuntó especialmente contra Rossi Colombo, acusado de falso testimonio y otras maniobras vinculadas al grupo que llevó a testigos al hotel “Despertar del Iberá” en condiciones irregulares.
El abogado penalista, que participó en casos como la representación de la familia de José Luis Cabezas, dijo que comparte la necesidad de respetar las garantías de los acusados, aunque reclamó celeridad en la causa. “Es una cosa gravísima lo que hizo Rossi Colombo, pero nosotros no podemos perder la oportunidad de que el juicio se haga rápido, con debido proceso y todas las garantías constitucionales para los imputados. Pero que se haga rápido”, afirmó. Vecchi recordó que junto a la familia había propuesto un esquema de audiencias más intenso: “Habíamos propuesto que se haga en 45 días corridos, habilitando días y horas inhábiles, como hicimos con el caso Cabezas: sábado, domingo, lunes, martes, feriados, no importa, se trabaja todos los días. Pero el tribunal es el que marca la pauta”. Indicó que el problema radica en el cronograma de los jueces y sus otros casos, ya que solo Ceroleni es de Corrientes.
El arranque del juicio se produce a tres días de cumplirse dos años de la desaparición de Loan, cuya Alerta Sofía está aún vigente. Según la hipótesis fiscal, el niño desapareció durante un almuerzo en la casa de su abuela paterna en el paraje Algarrobal de 9 de Julio. “En el rango horario de las 13.52 y las 15.26 se consumó la sustracción del menor para luego dar lugar a su ocultamiento hasta el día de hoy”, indica la acusación.
Por estos hechos están imputados Laudelina Peña, su esposo Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica Millapi, el matrimonio conformado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez, y el excomisario Walter Maciel. En el expediente paralelo están imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Elizabet Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio, varios de ellos acusados de hacerse pasar por miembros de la “Fundación Dupuy”. Este grupo enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad, estafa, encubrimiento, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio y usurpación de títulos.
La investigación fue llevada adelante por el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, junto con los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. En el juicio, los representantes del Ministerio Público Fiscal son Carlos Schaefer y Tamara Pourcel.