La Jefatura de Gabinete informó al juez federal Alejo Ramos Padilla que reforzará las partidas presupuestarias del organismo encargado de identificar a bebés apropiados durante la última dictadura.
La Jefatura de Gabinete comunicó al juez federal Alejo Ramos Padilla que incrementará el presupuesto destinado al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para garantizar su funcionamiento. La presentación judicial reconoce que el laboratorio, que realiza análisis para identificar a bebés robados durante la última dictadura, se encontraba en una situación de desfinanciamiento, según advirtieron desde Abuelas de Plaza de Mayo.
La crisis en el BNDG se hizo pública el 8 de mayo, cuando la directora técnica, Mariana Herrera Piñero, informó que no podría continuar tomando muestras biológicas, esenciales para identificar a posibles hijos o hijas de desaparecidos. El 12 de mayo, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante) y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata solicitaron la intervención judicial. El 14 de mayo, Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina que ordenó al Gobierno asegurar el funcionamiento del BNDG, intimando al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Cinco días después de la cautelar, se realizó una reunión entre el BNDG, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Jefatura de Gabinete, en la que se acordó otorgar un crédito presupuestario adicional de 590.000.000 pesos. El Gobierno denunció que la medida judicial constituía una violación al principio de división de poderes y cuestionó el accionar de la directora Herrera Piñero y del Ministerio Público Fiscal.
Entre los ítems que el Gobierno reconoció como faltantes se incluyen insumos de laboratorio esenciales, servicio de mantenimiento del edificio, limpieza, vigilancia, pagos de servicios, pasajes y viáticos para la toma de muestras, y mantenimiento de equipos de laboratorio. El juez Ramos Padilla calificó al BNDG como un «organismo técnico esencial e irremplazable».
El BNDG fue creado en 1987 por decisión del entonces presidente Raúl Alfonsín, a pedido de Abuelas de Plaza de Mayo. Almacena aproximadamente 32.000 muestras, la mayoría de familias que buscan a bebés apropiados durante el terrorismo de Estado o de personas que sospechan ser hijas de desaparecidos. Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, presente su postura ante el Juzgado Federal 1 de La Plata. El juez federal Ernesto Kreplak también requirió a la Secretaría de Innovación que asegure la continuidad de los cotejos de ADN en investigaciones sobre parteras vinculadas al robo de niños.