La iniciativa oficial, que modifica la ley de integración sociourbana, es cuestionada por la Iglesia y organizaciones sociales por su posible impacto en barrios populares.
Un nuevo frente de debate se abre entre el Gobierno nacional y la Iglesia Católica a raíz del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que el oficialismo envió al Senado. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de viviendas y terrenos, estableciendo un juicio sumarísimo para desalojar a inquilinos morosos, ocupas o personas que tomen terrenos.
La propuesta modifica la ley de integración sociourbana, sancionada en 2018 y actualizada en 2022, que declara de interés público la integración urbana, suspende desalojos y facilita expropiaciones para garantizar servicios básicos y títulos de propiedad a familias vulnerables. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), existen 6.467 barrios de emergencia en el país, donde viven cinco millones de personas, y un 20% de ellos tienen más de 20 años de antigüedad.
La Iglesia Católica ha manifestado su oposición al proyecto. El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, advirtió que “no hay palabras que resuman mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’” y llamó a garantizar “un techo digno, acceso a agua potable y servicios básicos”. En un encuentro de la Mesa de Barrios Populares de Córdoba, Rossi señaló que “la deuda social con los pobres se paga haciendo efectivo el derecho a las tres T: tierra, techo y trabajo”.
Por su parte, el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, alertó en una misa en La Matanza que “los barrios que no se integran se entregan al narcotráfico”. El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas, monseñor Gustavo Carrara, expuso en el Senado el impacto social que la iniciativa podría tener sobre los sectores más vulnerables.
La organización Techo también cuestionó el proyecto, señalando que elimina tres pilares: la declaración de utilidad pública y expropiación, la suspensión de desalojos por diez años, y la participación de cooperativas y la economía popular.