El Senado inicia el debate de la reforma de la ley de Salud Mental, que propone autorizar internaciones no voluntarias e incorporar las adicciones como enfermedad de salud mental.
El Senado abrirá este miércoles el debate del proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que tiene como punto central permitir las internaciones “no voluntarias” y establece que se incorpora a las adicciones a las drogas como una enfermedad de salud mental. Un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General abordará el proyecto propiciado por el Gobierno.
El proyecto girado por el Gobierno Nacional se discutirá en un plenario este miércoles a las 16.30 de las comisiones de Salud —que se constituirá ese mismo día y designará a la senadora de LLA Ivanna Marcela Arrascaeta— y de Legislación General —que preside la libertaria neuquina Nadia Márquez.
La sanción de esta iniciativa es reclamada por familiares de enfermos por adicciones que señalan que la actual ley no ayuda a estos enfermos, pero es rechazada por el kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
Además, fija el proyecto promovido por el Gobierno que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”. “El uso, abuso o adicción al consumo de sustancias o drogas -legales o ilegales- relacionado con afecciones o trastornos del comportamiento deben ser abordados teniendo en cuenta la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo, y debe asegurarse el respeto de todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”, agrega.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que se flexibilizan los criterios de internación, permitiendo que se pueda hacer de forma obligatoria sin el aval del paciente, una situación que hoy está prohibida en la ley aprobada en 2010. En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, se incorporó la noción de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
“La internación es considerada como un recurso terapéutico excepcional y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social”, señala. Fija que “debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente”.
Otro punto clave es que se deberá comunicar a un juez en un plazo de 24 horas la “internación involuntaria debidamente fundada” y a las 48 horas enviarle toda la documentación respectiva.