El Gobierno Nacional dispuso mediante decreto la transferencia de rutas nacionales a las provincias, habilitando el cobro de peaje directo. Organizaciones de defensa del usuario vial critican la medida y la consideran inconstitucional.
El Decreto 253/72026 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado recientemente en el Boletín Oficial, establece la provincialización de rutas nacionales y autoriza su financiamiento a través del sistema de peaje directo con cobro en ruta.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó su rechazo a la medida, argumentando que el decreto carece de una ley formal que lo respalde, tal como exige la Constitución Nacional en su Artículo 75, y que viola principios de legalidad, razonabilidad y federalismo. La organización también señaló que no se estableció una transferencia presupuestaria conforme a lo previsto constitucionalmente.
“Es inconcebible que el Estado Nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los millones de dólares que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines”, puntualizó el CONADUV.
La entidad advirtió que la transferencia de la gestión de rutas nacionales a las provincias o al sector privado “traerá graves consecuencias para la seguridad vial, las economías regionales, la logística productiva y el mantenimiento de la red vial”. Asimismo, consideró que el cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima.
El CONADUV también se refirió a la Red Federal de Concesiones (RFC) impulsada por el Gobierno Nacional y a las concesiones por peaje existentes en distintas provincias, señalando que la provincialización genera “serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales directos e indirectos y a toda la sociedad”.
“De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”, agregó.
La organización reiteró la necesidad de establecer un Proyecto Vial Nacional integral que contemple la totalidad de la red caminera y destine de manera efectiva los fondos del Impuesto a los Combustibles a su finalidad original, garantizando un sistema vial óptimo, sin peajes y sin barreras, en consonancia con la Constitución Nacional.
“Recuperar la gestión estatal de las rutas implica poner fin a uno de los capítulos más escandalosos del proceso privatizador en Argentina”, afirmó el CONADUV, que consideró imprescindible jerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), devolviéndole su rol rector en materia de política vial.
Finalmente, la entidad exhortó al Gobierno Nacional, gobernadores, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales a cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a transitar libremente por el territorio argentino.